Negligencia, retraso, chapuza... Los calificativos con los que el PP extremeño se ha referido a la aplicación de la Ley de la Dependencia en la región son tantos como las veces que han criticado que el sistema no funcionaba correctamente, que los tiempos de espera eran excesivos y los procedimientos de valoración, demasiado lentos. Pero es ahora cuando José Antonio Monago puede poner remedio. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, la nueva consejera de Salud y Política Social de la Junta, Jerónima Sayagués, se encuentra con una Ley de la Dependencia a medio recorrido, con una implantación que ronda el 57%. Casi 18.000 extremeños están recibiendo, cuatro años después de la entrada en vigor del texto, la prestación a la que tienen derecho, pero aún esperan por ella otros 13.000, entre los que hay más de 4.500 expedientes que aún no se han abierto por primera vez.
Según los datos del Gobierno central, a fecha 1 de agosto del 2011, hay un total de 26.662 personas reconocidas como beneficiarias de la Ley de Dependencia, aunque solo el 77% (en total, 17.861 usuarios) están percibiendo la prestación correspondiente, que puede ser una ayuda económica, un servicio social o ambas cosas. Esto significa que un 33% de los beneficiarios totales (en total, 8.801) aún no reciben ningún tipo de compensación, pese a tener reconocido su derecho a ello.
Los retrasos en este sentido se deben o bien a la demora de la Administración en los pagos o al propio sistema de valoración y aplicación de la norma, que se hace de forma gradual con el objetivo de cubrir primero las necesidades de las personas con mayor grado de dependencia. Así, se establecen tres grupos divididos en dos niveles cada uno --grandes dependientes, severos y moderados-- que van incorporándose al sistema según se van cubriendo las necesidades de la anterior escala.
Siguiendo este procedimiento, los dependientes moderados de grado II, penúltimo grupo del sistema, deberían haber comenzado a recibir sus prestaciones en enero de este año. Pero antes deben ser valorados de nuevo por si su situación hubiera cambiado con respecto al primer informe emitido. El antiguo gerente del Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad), Juan Carlos Campón, estimaba que los dependientes leves de grado II de la región (3.800) comenzarían a recibir las ayudas en junio --seis meses después de cuando les correspondía, el tiempo justo para no abonar retroactividad--, pero la Consejería de Sanidad y Política Social no determinó ayer qué ha pasado finalmente con este grupo porque "el Sepad está trabajando para conocer todas y cada una de las situaciones y todavía es pronto para facilitar esos datos".
El informe del Ministerio de Sanidad revela que desde que comenzó la andadura de la ley en el 2007, la Junta ha recibido 58.151 solicitudes para recibir ayudas a la dependencia. De todas ellas, a 1 de agosto se mantenían activos 42.580 expedientes, con 37.924 dictámenes emitidos, lo que significa que el Gobierno de José Antonio Monago se encuentra con 4.656 solicitudes que aún no se han abierto por primera vez. Más de 4.500 usuarios que se unen a los 8.801 que tienen derecho a su prestación pero que aún no la cobran, por lo que la lista de espera asciende a más de 13.400 personas, aproximadamente 4.600 menos de las que sí reciben ya su prestación.
UN APROBADO A pesar de las críticas del PP, lo cierto es que el VII dictamen del Observatorio de la Dependencia, emitido por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, otorga a la región un cinco sobre 10 en la aplicación de la Ley de la Dependencia, frente al 3,5 que obtuvo en junio del 2010. Es cierto que el aprobado es la máxima nota que este organismo independiente --elabora informes cada seis meses-- le ha otorgado a la región en este ámbito, pero en el último de sus dictámenes, el de junio del 2011, reconoce "un esfuerzo de mejora". En ese sentido, el estudio de la asociación destaca "esfuerzo" presupuestario que la región hizo en el 2010 dedicando a la Ley de la Dependencia 112,2 millones de euros, un 9,6% más que la media nacional. El aprobado extremeño contrasta con el sobresaliente que obtienen Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla y León, La Rioja o Aragón, pero supera el 0,5 de Canarias, el 1,5 de Comunidad Valenciana, el 4 de Baleares y Madrid o el 3 de Asturias.
"Extremadura sigue siendo el furgón de cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia, está en la misma situación que en el 2007", señalaba Cristina Herrera, portavoz de Dependencia del PP en la anterior legislatura. Prometía que si su partido ganaba las elecciones, no habría "recortes sociales ni paralización en el pago de las prestaciones". Monago incluso llegó a pedir el blindaje de las ayudas a la Dependencia con la creación de un fondo regional de reserva que garantizara el pago de las ayudas, "similar al fondo de pensiones que resultó."
