Los ayuntamientos extremeños quieren evitar los problemas de convivencia registrados el pasado verano entre los vecinos de sus localidades y los integrantes de los asentamientos ilegales de temporeros, y para ello han prohibido la instalación de campamentos en sus inmediaciones, tanto en fincas rústicas como urbanas, bajo el riesgo de multa para sus integrantes, que también serán sancionados si se comportan de una forma incívica.
La localidad que el año pasado vivió más de cerca esta situación fue Santa Marta de los Barros, donde habitualmente residen unas 4.000 personas, y que durante la campaña de la vendimia incrementó su población en más de 1.500 personas. Estos ciudadanos, en su mayoría procedentes de Rumanía, pero también de otros puntos del este de Europa como Bulgaria, acudieron a Extremadura atraídos por la mano de obra que necesitan los agricultores para recoger sus cosechas. Vivían en campamentos de caravanas y tiendas de campaña ubicados en distintas fincas de los alrededores del municipio.
La llegada masiva de inmigrantes saturó los servicios que presta la localidad a sus ciudadanos, quienes además padecieron numerosos problemas de higiene y de seguridad públicas, fruto de intimidaciones y pequeños hurtos.
Con la intención de que esta situación no se repita, y con el objeto de agilizar los trámites de desalojo de los campamentos en los que la situación lo haga necesario, los ayuntamientos se están dotando con una herramienta administrativa que regula la prohibición de levantar asentamientos en terrenos públicos.
De esta forma, en el momento en el que el ayuntamiento notifica a los integrantes del campamento la obligatoriedad de abandonar el lugar, éstos tendrán un plazo de 72 horas para hacerlo si quieren evitar el pago de una multa de 30 euros por persona. Las sanciones se incrementan hasta los 150 euros para aquellos que rompan o ensucien el mobiliario urbano, y también por conectarse de forma fraudulenta a las redes de agua y electricidad.
La ordenanza, facilitada a todos los ayuntamientos por la Federación de Municipios y Provincia de Extremadura (Fempex), también cubre a los alcaldes de aquellos casos en los que los asentamientos se ubiquen en fincas de propiedad privada, con el fin de agilizar los trámites administrativos para ordenar el desalojo de los ocupantes. Así, si hasta el año pasado era necesaria la denuncia del propietario de los terrenos y la posterior orden de desalojo desde el juzgado, a partir de ahora los titulares de la finca deberán denunciar dicha instalación ante el ayuntamiento. En caso contrario, será considerado promotor del campamento, por que lo deberá hacer frente a una multa de 30 euros por cada persona acampada.
