Las arcas municipales extremeñas perdieron el año pasado más de 9,6 millones de euros debido a la supresión parcial del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que la compensación aprobada por el Estado para intentar nivelar sus ingresos no es suficiente.
Un informe elaborado por la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial --dependiente del Ministerio de Hacienda-- y presentado recientemente en el Congreso de los Diputados detalla que los ayuntamientos extremeños percibirán finalmente algo más de 6,3 millones de euros en concepto de compensación por el IAE. No obstante, estos datos difieren de los que maneja la Diputación de Badajoz.
Esto supone un incremento de 3,7 millones con respecto al anticipo que ya abonó Hacienda a finales del año pasado. El problema es que esta cantidad dista mucho de los ingresos reales que se han dejado de percibir, puesto que en septiembre del 2003 un estudio elaborado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) elevaba a 15,9 millones de euros el dinero que perderían las entidades locales con la reforma del IAE.
MOVILIZACIONES Lo elevado de la diferencia --9,6 millones de euros-- no ha pasado desapercibido y el poder municipal ya ha comenzado a movilizarse. El primer paso lo ha dado la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), que ha remitido un escrito al Gobierno de Rodríguez Zapatero solicitando que en los Presupuestos Generales del Estado del 2005 se incluya una compensación complementaria a la "oficialmente establecida" que refleje el compromiso del Gobierno de compensar la "pérdida de recaudación real" por la eliminación parcial de este impuesto.
Este problema es generalizado en toda España y ya ha provocado las primeras reacciones. Así, la Federación de Municipios de Cataluña ha elaborado un estudio en su comunidad que revela que la compensación sólo cubre "el 47,5% de la disminución de ingresos", por lo que los fondos percibidos deberían duplicarse. Los catalanes achacan esta elevada diferencia a que el ministerio ha utilizado "datos deficiente" para hacer sus cálculos y anuncian recursos judiciales que presentarán de forma individual los propios ayuntamientos.
Hay que tener en cuenta que en Extremadura el problema es aún más importante debido a la singularidad del tejido productivo regional, dominado por pequeñas empresas que en su mayoría no alcanzan el límite fijado --una facturación superior a un millón de euros-- para seguir pagando el IAE.
En el 2003 fueron 41.658 autónomos y pequeñas empresas los que dejaron de pagar de media de 382,7 euros al año.
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