El Sepad tiene la culpa". Los trabajadores del Centro Sociosanitario de Mérida, antiguo hospital psiquiátrico, mostraron ayer su malestar por el trato que reciben del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) en la concentración de apoyo a la auxiliar de enfermería que sufrió un navajazo por parte de un interno el pasado viernes. La plantilla exigió que aumenten las medidas de seguridad, lo que el Sepad anunció --a través de un comunicado-- que se va a hacer tanto en Mérida como en Plasencia, asegurando que se reforzará especialmente el control de los pacientes derivados por vía judicial.

Como habían convocado, en torno al mediodía de ayer más de un centenar de trabajadores del psiquiátrico de Mérida se concentraron ante la puerta del edificio principal de este centro. Con pancartas en las que solicitaban más seguridad y se identificaban con la víctima de la última agresión --Nieves Minero, una auxiliar de enfermería de 25 años que el pasado viernes sufrió un navajazo por parte de un interno--, los empleados manifestaron sus reivindicaciones, que básicamente pasan por mejorar las medidas de control en el centro y la coordinación de su plantilla, incorporando personal especializado para atender a los pacientes ingresados por orden judicial, y que se les reconozca su carácter sanitario, ya que no están de acuerdo con su integración en el Sepad.

"El problema básico es que esto sigue siendo un hospital psiquiátrico --pese a que le hayan cambiado el nombre--, porque las unidades de agudos, de media y estancia y de trastorno mental severo resistente al tratamiento siguen aquí. Además, está abandonado; falta por ejemplo una verdadera coordinación médica, de las unidades, etcétera, que es impensable, por ejemplo, en una Unidad de Cardiología y faltan medios para controlar a los pacientes penados", resume de forma contundente Alfredo de la Rubia, psiquiatra del centro emeritense.

Es la opinión mayoritariamente compartida por los en torno a 450 trabajadores de esta institución, que atienden a unos 350 pacientes y que están organizando una plataforma para exigir más medidas de seguridad y expresar sus quejas por la situación del centro. "Estamos totalmente indefensos y tenemos pacientes muy peligrosos, derivados por vía judicial, para cuya atención no estamos preparados", explica Marta Pascual, enfermera.

PROBLEMA YA ENQUISTADO Además, advierten que es un problema enquistado: "es algo que está superdenunciado, ya hace 13 años otra compañera tuvo una agresión similar y no cambió prácticamente nada", recuerda María José Nieto, auxiliar de enfermería, junto con otras compañeras. Todas ellas llaman la atención sobre las escasas medidas de seguridad en el centro, del que es fácil entrar y salir sin problemas, y afirman que normalmente hay un solo guardia de seguridad para controlar toda la instalación. Precisamente, desde el Sepad se comprometieron ayer, en un comunicado, a reforzar las medidas de seguridad en los centros sociosanitarios --como el de Mérida--, destacando que esto afectará "especialmente" a los pacientes derivados por vía judicial. En el mismo, la Consejería de Sanidad y Dependencia, a través del Sepad, muestra su preocupación e interés por el estado de salud de la trabajadora agredida.

A continuación, la nota reconoce la gravedad de los hechos y que centros como el emeritense "pueden estar sujetos a situaciones conflictivas", pero traslada un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y al resto de los ciudadanos, poniendo de manifiesto la "excepcionalidad" de lo ocurrido en relación con "la atención que diariamente reciben las personas que sufren trastornos mentales en los diferentes centros del Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Sepad.

Pese a considerar que los trabajadores de los centros sociosanitarios tienen formación y experiencia suficientes para "abordar determinadas situaciones conflictivas", el Sepad señala que "desde hace algunos años cuentan con medidas para mejorar la seguridad tanto de los trabajadores como del resto de usuarios". En ese sentido anuncia que "se van a reforzar las citadas medidas, incrementando la seguridad tanto de los trabajadores como del resto de usuarios".

Además, añade que se va a potenciar el trabajo conjunto "ya iniciado" con el sistema judicial para garantizar la adecuación de los pacientes derivados para el cumplimiento de medidas de seguridad, tanto en en Centro de Sociosanitario de Mérida como el de Plasencia. Esta es una de las principales reivindicaciones de los trabajadores, que denuncian que la presencia de estos internos no solo supone un riesgo directo, sino que también está influyendo en el comportamiento del resto de pacientes, aumentando su nivel de agresividad, por ejemplo, como consecuencia del inicio en el consumo de tóxicos.

CRITICAS DEL PP "¿Qué tiene que pasar para que el Sepad se tome en serio la problemática del Centro Sociosanitario de Mérida?" Es la pregunta que lanza Cristina Herrera, diputada del PP y portavoz del área de Dependencia, que acudió ayer, junto con su compañera Teresa Tortonda, a la concentración de los trabajadores. "Creemos que este centro sufre un descontrol total y vamos a poner en marcha iniciativas en la Asamblea para que sus responsables den explicaciones", aseguró, añadiendo el apoyo del PP a que el psiquiátrico dependa del SES.