La última cláusula del convenio suscrito ayer en Mérida establece que tanto el Ministerio de Fomento como Renfe "entienden suficientemente satisfecho" cualquier pago que se pudiese derivar de la sentencia 671 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, "sin que por ello nada más tengan que exigirse ni reclamarse por hechos anteriores a la fecha del presente convenio".

En la práctica esto supone que no se ejecutará la sentencia judicial que a mediados de este año condenaba a la Junta a pagar 37 millones de euros en concepto de la supuesta deuda generada entre 1985 y el 2000. Esta deuda se habría provocado, según el tribunal autonómico, al dejar de pagar el Gobierno regional las cuotas establecidas en un convenio a dos bandas para sostener las líneas ferroviarias regionales que eran deficitarias.

Desde el primer momento el Ejecutivo de Rodríguez Ibarra dejó claro que "nunca ha pagado ni pagará servicios que no han sido prestados o se han ofrecido de manera deficitaria". Así, la Junta "nunca ha reconocido ni reconocerá jamás una deuda generada desde 1996 por el deficitario servicio prestado por Renfe en la región".

Rodríguez Ibarra reconoció ayer que el nuevo convenio suscrito "pone fin al litigio que durante años" la Junta ha mantenido con Renfe y Fomento".