Uno de los articulados y medida más concreta de la Ley de Igualdad está dirigido directamente a mejorar las condiciones sociolaborales de las mujeres del ámbito rural. Específicamente, la normativa obliga al Ministero de Trabajo a desarrollar la figura de la titularidad compartida, es decir, que las mujeres aparezcan legalmente como copropietarias de las explotaciones. De esta forma se reconocen sus derechos y su trabajo y quedan protegidas por la Seguridad Social. Pero después de un año, todavía no hay frutos que recoger, como explica la presidenta regional de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Catalina García: "La Junta nos ha prometido que el próximo año incluirán en los presupuestos el complemento regional para incentivar este proceso".

Catalina se refiere a la subvención del 30% del coste de la Seguradad Social durante tres años que otorga el ministerio para las mujeres menores de 40 años que den este paso. Pero Fademur pretende ir más allá, y que la ayuda llegue al 50% y se amplíe a las féminas de entre 40 y 50 años. De manera que sería la Junta la que asumiese la diferencia entre lo que da el Gobierno central y lo que pretende lograr este colectivo. En total afectaría a unas 11.000 extremeñas.

En su opinión, la ley "va por buen camino y se ve sensibilidad por este tema". "Servirá para hacer visible el trabajo de estas mujeres, porque con las rentas del medio rural muchas veces solo es posible pagar la Seguridad Social de una persona, que suele ser el hombre", explica. Sin embargo cree que habrá que esperar para extender la medida: "No va a ser inmediato".

Para Catalina, uno de los problemas es que las mujeres"no llegamos a pensar que podemos ocupar cargos directivos. En las cooperativas apenas hay representación femenina. Pero eso tiene que llegar y quizás habría que implantar el sistema de cuotas en las empresas".