Encarecimiento de los costes de producción, cosechas más reducidas en cultivos como el tomate, la fruta o el olivar, y mayor indefensión contra las plagas. Son algunos de los efectos que, según las organizaciones agrarias extremeñas, podría tener la aprobación del denominado paquete de fitosanitarios . La normativa, a la que el Parlamento Europeo dio el visto bueno a mediados del pasado mes de enero, incluye, entre otras cosas, un nuevo reglamento --a priori, más restrictivo-- sobre la producción y comercialización de este tipo de productos (insecticidas, fungicidas, herbicidas o fertilizantes) y una directiva marco sobre su utilización sostenible. Está previsto que la norma, a la que todavía debe dar el visto bueno el Consejo de Ministros de Agricultura, comience a aplicarse de forma definitiva en el segundo semestre del año próximo.

Angel García Blanco, presidente de Asaja Extremadura, no duda en calificar los cambios como de "auténtico desastre para el campo extremeño". García Blanco considera que aún no se ha demostrado que algunos de los productos que ahora pueden quedar prohibidos sean nocivos, al tiempo que subraya que esta decisión supondrá una pérdida de competitividad para el campo extremeño. "Estaríamos de acuerdo con este tipo de normas si se le exigiesen los mismos requisitos a los productos que vienen de terceros países", dice. Aunque cree que prácticamente todos los cultivos van a verse perjudicados, apunta a los frutales y al tomate como los que pueden salir peor parados en la región.

A su juicio, con la aprobación de esta nueva norma el Parlamento Europeo cede a las presiones de las multinacionales del sector, "que están intentando impedir el empleo de productos genéricos". Se trata, explica, de referencias entre un 30 y un 40% más baratas que las patentadas por estos laboratorios.

"En Extremadura le puede afectar sobre todo al tomate para industria, a la fruta, al maíz y al olivar", pronostica Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, que destaca que lo que se ha aprobado de momento son solo unos criterios de corte, por lo que no se puede saber aún cuántas sustancias quedarán prohibidas. Huertas lamenta que se ratifique un planteamiento como este "sin tener en cuenta el impacto socioeconómico que puede tener", y pone en duda que con una medida de este calado vaya a conseguirse una mayor seguridad alimentaria, "porque no se van a prohibir los alimentos tratados con estos productos cuando vengan de fuera. En algunos casos no existe ni siquiera capacidad de detección". Igualmente, Huertas hace hincapié en que más alla del grado de toxicidad de un producto, lo realmente relevante es qué uso se hace de él. Por esta razón, piensa que, en lugar de prohibirlos, sería mejor controlar las medidas de seguridad que se siguen en su aplicación.

Desde UPA-UCE se considera insuficiente que se vayan a establecer moratorias concretas para determinadas sustancias "sin saber si en ese periodo de tiempo se va a conseguir una alternativa. Y ni no se logra, ¿qué hacemos?", argumenta Huertas. En esta línea resalta que los grandes beneficiados de esta normativa pueden ser los productos transgénicos, "porque si no puedes emplear determinadas sustancias para tratar una plaga, habrá que recurrir a productos que sean resistentes a ella de por sí, y esos son los transgénicos. No estamos en contra de ellos, pero desde el punto de vista ecológico y ambiental no creo que este sea el camino adecuado. Lo mismo creamos un problema mayor".

Para Bibiano Serrano, el denominado paquete de pesticidas , "influirá de forma muy negativa" en el bolsillo de los agricultores, ya que se verán afectadas "producciones importantísimas". Otro de los perjuicios que subraya Serrano es que, al haber menos materias activas que se puedan emplear, en muchos casos no se podrán alternar tratamientos, al tiempo que habrá que aumentar las dosis de las materias utilizables. Todo ello podría aumentar la resistencia de las enfermedades, algo que, a su vez, derivaría en una menor producción.

Según este dirigente agrario, el cultivo del arroz, donde ya se ha prohibido el uso de determinados productos, puede ser un buen indicativo de lo que podría ocurrir en el resto de sectores. "Ya hay agunas plantas tropicales que son resistentes a los herbicidas que estamos utilizando", recalca Serrano. "Están prohibiendo materias activas --continúa-- para las que no hay alternativas", concluye.

Angel González, responsable de Suministros, Gasoil, Fitosanitarios, Semillas y Plásticos de Acorex, se muestra algo más positivo: "Los productos se van a evaluar por su toxicidad y por sus necesidades agronómicas, pero todos se podrán utilizar hasta que expire el registro que tienen, no se van a prohibir de una forma tajante". González incide en que en el caso de que no existan alternativas para el tratamiento de plagas o malas hierbas "se va a permitir el uso de estos productos. No va a ser una lista negra pura y dura".

Pero González también apunta una consecuencia económica perniciosa que puede producirse: la subida de precio de las sustancias activas, ya que muchas de las prohibidas serán genéricas, por lo que habrá que recurrir a otras para las que las patentes están aún vigentes: "Las multinacionales podrían subir los precios a su antojo", argumenta. Incluso, asegura, podrían producirse problemas de desabastecimiento de algunos productos, pues "las empresas comercializarán en una zona siempre que les interese por volumen de ventas". Sea como fuere, este responsable de Acorex considera que "para Extremadura es una cuestión prioritaria avanzar en la agricultura sostenible. Es algo que hay que lograr gradualmente, pero se va a eso".