Tal y como se ha puesto el debate sobre la distribución de fondos tanto en España como en el seno de la Unión Europea, la cosa no pinta nada bien para los intereses de la comunidad autónoma extremeña.

En clave interna, la presión que ejercen regiones como Cataluña sobre el Gobierno central para cambiar el modelo de financiación hacia otro menos redistributivo y solidario, según el cual la mayoría de los recursos que se generen por los impuestos pagados por los residentes en una comunidad se queden en ésta, podría tener, caso de triunfar, consecuencias nefastas.

En el caso más extremo de los planteados por el Gobierno que preside Pasqual Maragall, donde se propugna una financiación mediante el sistema de cupos, similar a la que disfrutan País Vasco o Navarra, Extremadura dejaría de percibir la mitad de lo que llega ahora como ayudas estatales, es decir, una merma cercana a los 900 millones de euros.

Al menos este es el análisis que realizó el economista Angel de la Fuente en su informe Los mecanismos de cohesión territorial en España , donde advirtió de que los cupos supondrían a la comunidad extremeña la pérdida del 54% de los fondos que ahora recibe del Estado. Llevado al presupuesto regional, la merma significaría una caída de casi el 22% en los recursos disponibles.

Marco comunitario

A esta amenaza se une el aún no resuelto tema del reparto de los fondos europeos en la UE ampliada. Aquí se manejan varios escenarios, ninguno de ellos positivos.

Así, en lo referido a fondos estructurales e iniciativas comunitarias, la caída de recursos, en el marco más optimista, el que maneja el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se ceñiría al 8%. De este modo, se perderían ayudas de la UE por valor de 30 millones de euros cada año.

Un escenario intermedio, desvelado por el diario El País, sitúa la merma en un 15%, es decir, más de 50 millones de euros. Finalmente, desde el PP se ha apuntado que la reducción de subvenciones puede superar los 140 millones.

En cualquiera de los casos, y dado el impacto que estas ayudas tienen en el presupuesto regional, la situación se tornaría muy complicada.

Pero hay más. La revisión de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), pese a que el marco debía estar cerrado hasta el año 2013, pueden suponer caídas en estas subvenciones agrarias de unos 60 millones de euros por año.

A este respecto y con la suma de ambos, la situación que registraría la región quedaría de la siguiente manera: En el escenario Ibarra , la merma sería de 90 millones (el 2% del presupuesto regional), en el escenario El País de 110 millones (el 2,7%), y en el escenario PP de 200 millones (casi el 5%).