Aunque siempre ha reconocido que no era una prioridad para los extremeños, el presidente de la Junta se presentó a las elecciones con el propósito de reformar el marco legislativo para garantizar la igualdad de los extremeños con los habitantes de otras comunidades con nuevos estatutos. A principios de legislatura llegó a un acuerdo con el entonces líder de la oposición Carlos Floriano para consensuar la nueva norma, que después refrendó su sucesor, José Antonio Monago.

En octubre del 2007 comenzaron los trabajos en la Asamblea caracterizados por la discreción de unas negociaciones que tuvo su único bache el pasado abril por el anuncio de Monago de vincular su apoyo a la norma a la elaboración de un informe sobre un posible trasvase desde Valdecañas.

Tras resolver el conflicto, el pasado jueves se entregó en la Asamblea el texto definitivo. En sus 91 artículos, el nuevo estatuto, que se prevé que esté aprobado por las Cortes a final de año, fija un ´canon´ para converger con el país, cifrado en el 1% del PIB regional, lo que significa una inversión extra de unos 180 millones de euros al año. Se hace referencia a la deuda histórica, que será cobrada en tres años como máximo, aunque antes debe ser cuantificada. El uso del agua, la creación del defensor del pueblo, la financiación de los ayuntamientos son otros de los aspectos contemplados.