Aunque la normativa comunitaria que exige cambiar los desguaces por Centros Autorizados para Reciclaje y Descontaminación de vehículos (Card) se dictó hace años, parece que a Extremadura la ha cogido el toro , puesto que, a fecha de hoy, no existe en la región ni una sola instalación autorizada para extraer los elementos contaminantes y enviar la chatarra a una fundición. Según explicó Jesús Domínguez, vicepresidente de la Asociación Española de Desguazadores y Reciclaje de Automóviles (Aedra), y presidente de esta entidad en Extremadura, hoy mismo se negociará con la Junta la concesión de un permiso provisional para ocho Card.

Estos centros están situados en Malpartida de Cáceres, Mérida (2), Navalvillar, Plasencia, Moraleja, Miajadas y Villafranca. Domínguez advirtió de que, si no se logra esta autorización, "a partir del 1 de enero no se podrá dar de baja a ningún vehículo en la región, porque Tráfico va a exigir el documento que acredite su entrega en un Card".

El problema puede ser muy grave, ya que en Extremadura van al desguace unos 31.000 vehículos al año, que generan 24.000 toneladas de residuos. De estas, 18.000 toneladas son metales, que irían a plantas de desfragmentación como la instalada por Alfonso Gallardo en Jerez.

El resto corresponde a plásticos, equipos eléctricos, neumáticos, vidrio, tapicerías, aceites, grasas, etcétera.

FUTURO INCIERTO El presidente regional de Aedra achacó en parte el retraso en la puesta en marcha de los Card extremeños a la "incertidumbre" generada en el sector, por la necesidad de afrontar fuertes inversiones sin que esté aún clara la viabilidad de los centros.

Así, explicó que un centro de tipo medio, con capacidad para descontaminar unos diez vehículos por día, cuesta alrededor de 600.000 euros, de los que más de la mitad se van en la compra del terreno (unos 7.000 metros cuadrados por instalación). Sobre el resto (naves, maquinarias y oficinas), la Junta subvenciona el 20%, con un límite de 150.000 euros por centro.

En cuanto a los ingresos, Domínguez apuntó que la batería se vende a seis céntimos el kilo, y la chatarra a cuatro céntimos el kilo, lo que supone ganar unos 24 euros por coche medio tratado. De esto hay que descontar lo que las empresas de reciclado de residuos peligrosos cobran por retirar los líquidos de frenos y del radiador o los neumáticos, y el coste del transporte del vehículo hasta el Card.

Así, Domínguez estima que la mitad de los 40 desguaces que existen en la región cerrarán sus puertas, y el resto, "los que tengan espíritu empresarial y preocupación por el medio ambiente", seguirán adelante, "arriesgando mucho sin saber lo que va a pasar, porque aquí no se nos ha dado elección, o lo tomabas o lo dejabas".