Cuando se va a informar sobre cuándo o cómo se van a liquidar los productos, la asamblea está hasta arriba, pero si se trata de analizar los balances, los socios de las cooperativas extremeñas se desentienden. Esta es hoy la realidad predominante en el sector en Extremadura que, con 2.252 sociedades registradas (710 de ellas agrarias), concentra el 7% del volumen de negocio en España, según Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura. Una situación preocupante cuando están de plena actualidad las dificultades que atraviesa la cooperativa Caval, de Valdelacalzada, que ha reconocido una deuda de más 28 millones de euros y ha tenido que recurrir a la Junta para lograr un acuerdo con los bancos que permita su continuidad.

En este último caso, los socios han alegado en repetidas ocasiones que no eran conscientes de la situación financiera de la cooperativa por falta de información. A falta de que en este caso se depuren responsabilidades sobre lo ocurrido --el exgerente y el presidente y tesorero de la anterior junta rectora están llamados a declarar en mayo, por presuntos delitos de falsedad documental y fraude de subvenciones--, son muchos los cooperativistas extremeños que se encuentran en la misma situación.

Falta de tiempo y formación

"Quizá es por falta de preparación o de tiempo, pero lo cierto es que el agricultor debería interesarse más por las cuentas de su cooperativa, que al fin y al cabo es su empresa", admite Bibiano Serrano, presidente de Apag Extremadura. Precisamente, esta semana esta cooperativa lanzó un comunicado para celebrar el acuerdo alcanzado en Caval, pero llamar la atención sobre este caso "para aprender de los errores y que no se vuelvan a repetir". Un ejercicio de autocrítica que Serrano no esconde: "a las asambleas de balance son a las que menos socios asisten, lo que da esa idea de falta de preocupación por este tema o exceso de confianza".

Así lo admite también Miguel Leal, secretario de organización de UPA y presidente además de una cooperativa (La Encina, de Palazuelo, con una producción de 20 millones de kilos de arroz y una facturación media de más de nueve millones de euros). En ese sentido, reconoce que controlar la situación de la cooperativa es una "responsabilidad de todos los socios", pero también lanza una propuesta: "nosotros (UPA) somos partidarios de que se condicionen las subvenciones a la elaboración de una auditoría anual".

Actualmente, esta solo es obligatoria si se supera cierto nivel de negocio (nueve millones de euros), aunque es recomendable llevarla a cabo en todas las cooperativas. Sin embargo, no siempre su ejecución garantiza la transparencia. Por un lado, los socios pueden no tener conocimiento de sus resultados y, por otro, los auditores trabajan con los datos que proporciona la sociedad. Es más, fuentes del sector muy críticas con el cooperativismo extremeño aseguran que incluso los responsables de algunas sociedades intentan maquillar sus resultados.

Es algo que rechaza Leal, que apela a la profesionalidad de las empresas auditoras. Su demanda pasa sobre todo porque se haga mayor hincapié en el cumplimiento de la ley (presentación de cuentas anuales, interventores, auditorías) por parte de la Administración. También Serrano cree que ello podría contribuir a mejorar la vigilancia de las cooperativas extremeñas, para evitar que las posibles irregularidades salgan a la luz demasiado tarde, como ha ocurrido en Caval.

Todo ello en una región en la que, como recuerda Cooperativas Extremeñas, la importancia de este tipo de sociedades en el sector empresarial es patente. "No en vano, Extremadura es la sexta región con mayor volumen de negocio de sus cooperativas, en concreto el 6,74% del conjunto del país, y con mayor creación de empleo (el 4,11% del nacional cooperativo). Actualmente, dan trabajo a 2.929 personas, entre empleo fijo y temporal", afirma.