La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que declara ilegales los contratos exclusivos que las petroleras imponen en España a las estaciones de servicio donde se fijan los precios de venta del carburante y una comisión por litro vendido al gasolinero, ha sido recibida con optimismo, pero también con cautela, en el sector.
"Queda aún un largo camino, porque las petroleras no van a ceder fácilmente", explicó Casto Bravo, presidente de la Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex), socio de la confederación nacional CEEES, que es la que promovió el mencionado pleito.
Bravo indicó que el fallo europeo es una actuación "prejudicial" y ahora debe ir a la Audiencia Nacional, para ver cómo se traslada en virtud de la legislación española. En ese momento, los afectados tendrán que recurrir uno por uno los contratos y esperar que los tribunales resuelvan.
"En España la justicia es cara y lenta", señaló el presidente de Aserex, y advirtió de que compañías como Cepsa ya anuncian la que se avecina al decir que la compañía no está implicada en esas prácticas.
Reconoce en todo caso que la decisión de la UE "es alentadora", al declarar nulos los contratos, más bien matrimonios, a los que obligaban las distribuidoras, con duraciones de 20 o 30 años, y fijarlos en un máximo de cinco, y al indicar que no se pueden por parte de éstas imponer "directa o indirectamente" los precios de venta.
La cuestión en este último punto estriba en que los actuales contratos trataban de hecho a los gasolineros como comisionistas, y no como revendedores. Es decir, se imponía un precio y unos márgenes tales que el gasolinero no podía bajarlos "facturando incluso el IVA sobre esos precios, con lo que si los bajabas se habría repercutido un IVA sobre un precio irreal".
El hecho de que ahora el Tribunal de la UE dictamine que las relaciones de la distribuidora con el gasolinero debe ser la que se tiene con un revendedor, esto es, alguien que compra un producto y lo vende al público al precio que él considera, permitirá ampliar el margen de maniobra de los gasolineros para bajar precios, incrementando la competencia.
"Hasta ahora, se nos fijaba de hecho el precio con su margen, aunque en rigor no fuésemos comisionistas, porque los riesgos de impago por parte de los clientes los asumíamos nosotros", explicó Bravo.
La nueva situación, caso de que finalmente prosperen las reclamaciones en los tribunales españoles, podría beneficiar, según el presidente de Aresex, al 95% de las 375 gasolineras extremeñas.
