Diferentes entidades ciudadanas del país muestran su apoyo al joven interno del Centro de Menores Marcelo Nessi de Badajoz, que ha denunciado haber sufrido una paliza por parte de vigilantes del centro, y expresan su más "absoluto rechazo" a la situación actual del sistema de justicia juvenil y de ejecución de medidas de privación de libertad.
La Asociación Apoyo de Madrid; la Asociación La Tavaya de Logroño; la Asociación ProDerechos Humanos de Córdoba; la Asociación PreSoS de Galicia; la Asociación Rizomar; la Coordinadora de Barrios de Madrid; Madres Unidas Contra la Droga de Madrid; y Saltando Charcos de Burgos, criticaron que la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley Penal del Menor supusiera la aplicación de un sistema de vida "puramente penitenciario, reflejo del previsto en las cárceles de adultos" a los niños desde catorce años hasta los jóvenes de 21 años y en donde "priman las medidas de seguridad que obligan a estos niños y jóvenes a crecer en ámbitos disocializadores de inusitada dureza institucional".
Según la agencia Europa Press, las organizaciones destacan en un comunicado que "reflejo de esta lamentable situación es que al menos ocho menores han perdido la vida en centros de reforma de todo el Estado".
Asimismo, reclaman el cumplimiento escrupuloso de las Normas de Pekín para la protección de los menores privados de libertad que prohíben al personal de los centros de menores portar y usar armas. "Debemos recordar que las defensas de goma están catalogadas como armas en nuestra legislación y que su uso en los centros de internamiento está restringido y sometido a estricto control".
De esta manera, exigen que se determine quién concedió la preceptiva autorización a los vigilantes del Centro Marcelo Nessi de Badajoz para utilizar las defensas de goma "contra un menor ya engrilletado y en qué momento exacto y a qué autoridad judicial se dio cuenta de la utilización de medios coercitivos".
También solicitan la investigación de si las defensas se encontraban "debidamente custodiadas" por la dirección del centro "como exige el reglamento" y que los jueces y fiscales "extremen la vigilancia y control sobre los centros de ejecución de medidas, especialmente en lo que a la aplicación de los medios de contención, registros y cacheos con desnudo integral se refiere, así como que se realicen visitas de inspección sin previo aviso y entrevistas frecuentes con los menores".
Por todo ello, reivindican la "dignidad" de los menores y jóvenes privados de libertad, a los que "habitualmente se despoja de su credibilidad restando importancia a sus quejas sobre el funcionamiento de los centros". "No podemos dejar de cuestionarnos qué destino legal habría tenido esta denuncia si no hubiera imágenes que avalaran el testimonio del menor".
