La Consejería de Sanidad y Consumo admite que se cometió un error de procedimiento al carecer de un informe necesario a la hora de aprobar un decreto relativo a la reestructuración de los servicios de farmacia en Atención Primaria, en el que, además, se aprobaba la relación de puestos para el personal de la sanidad local. Sin embargo, ayer aclaró que la sentencia del Tribunal Supremo que anula ese decreto por un error de procedimiento no afectará a los 106 farmacéuticos de manera directa adscritos a los centros de salud o ambulatorios, ni que tampoco se va a resentir la prestación del servicio.
Así lo manifestó ayer a este periódico Víctor García Vega, secretario general técnico de la Consejería de Sanidad y Consumo. Según explicó, "el Tribunal Supremo no entra a valorar el fondo del asunto, sino que anula el decreto por un tema de procedimiento por un informe que se omitió en 1997". Ahora, indicó, ese informe imprescindible ya lo está realizando el Consejo Consultivo y después pasará al Consejo de Gobierno para la aprobación del nuevo decreto. "Tenemos dos meses hasta la ejecución de la sentencia, pero el informe ya se está elaborando y en un mes puede estar aprobado el nuevo decreto, por lo que nada va a cambiar sobre lo que estaba regulado", argumentó.
García Vega destacó que "se ha tratado de un error de procedimiento y de interpretación", y apuntó que ese informe del Consejo Consultivo debe dictaminar que con este decreto no se vulnera la Constitución ni el marco legal establecido. En el plazo de un mes habrá un nuevo decreto, igual que el anterior, pero con el informe necesario.
