Cuarenta y tres años después de su muerte, la lucha sigue. La familia del anarquista extremeño Francisco Granado mantiene su demanda ante el Estado: la reparación moral, social y económica de su muerte por haber sido ajusticiado, sin pruebas, durante el régimen franquista. Una historia similar a la de Sacco y Vanzetti, protagonistas de uno de los casos más sonados de la historia judicial de los Estados Unidos. Estos dos inmigrantes italianos fueron acusados del asesinato de un cajero y de un vigilante y del robo de más de 15.000 dólares en una fábrica de zapatos de South Braintree (Massachussets) el 15 de abril de 1920. En agosto de 1977, el gobernador de Massachussets, Michael Dukakis firmó una declaración en la que reconocía los errores cometidos durante el juicio y afirmaba su inocencia.
La de Granado y Delgado es también la crónica de un crimen legal. Estos dos anarquistas fueron ajusticiados sin pruebas durante la dictadura franquista, al ser considerados los responsables de la colocación de dos bombas, en el centro de Madrid, en 1963. En el atentado hubo 21 heridos, 28 según la prensa del momento.
Años de lucha
Francisco Granado nació en Valencia del Ventoso (Badajoz), en octubre de 1935. Pilar Vaquerizo, su viuda, sigue reclamando justicia. En colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT), mantiene abierto un frente de lucha para exigir que se le reconozcan los derechos concedidos a los expresos y represaliados políticos del franquismo.
Pilar reside en Quillan, una pequeña localidad francesa próxima a la frontera española, en donde se instaló con sus tres hijos pequeños después del asesinato de su marido, desde allí se ha dedicado a "pelear con la vida" para sacar adelante sola a su familia. Allí sobrevive con la paga que recibe del Estado francés a través del Fondo Nacional de Solidaridad, aunque no duda en tener que regresar a España para exigir que la justicia reconozca la muerte de estos dos inocentes. En una de sus visitas, la viuda del anarquista extremeño declaró: "Sólo quiero que la Justicia reconozca que mató a dos inocentes".
En los últimos años, los familiares de estos dos anarquistas, ejecutados mediante garrote vil, mantienen ante la justicia un litigio contra el Estado para lograr el reconocimiento del error judicial que supuso la sentencia del Consejo de Guerra que les condenó a muerte en 1963. Tras pasar por el Tribunal Supremo, el Constitucional devolvió el asunto al alto tribunal para considerar la revisión de su condena.
Un proceso rápido
Granado y Joaquín Delgado, en tan sólo 17 días, fueron detenidos, juzgados, condenados y ejecutados. Treinta y cinco años después de su muerte, en 1988, los verdaderos autores de la colocación de los explosivos en Madrid decidieron presentarse en público para contar lo ocurrido, hacer justicia y recuperar la memoria de los dos ejecutados. La confesión de Antonio Martín y Sergio Hernández permitió a las familias de Granado y Delgado iniciar, ese año, un periplo judicial exigiendo la revisión de la sentencia que les condenó a muerte.
Para las familias, la decisión de las autoridades franquistas pretendía amedrentar, con la mayor publicidad posible, a la sociedad española. A pesar de la falta de pruebas en el enjuiciamiento, los afectados lamentan la amnesia y el silencio de la administraciones, una vez superada la transición democrática. Hoy, la lucha sigue.
