La primera gran protesta social, en forma de huelga general en el sector público, contra la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero se saldó ayer de forma irregular: masiva asistencia a las manifestaciones frente a un menor seguimiento del paro de funcionarios en los centros de trabajo, que afectó de forma parcial a los servicios.

Una muestra de esta discrepancia: mientras los sindicatos cuantificaron el paro en el 75% de los cerca de 2,5 millones de trabajadores públicos convocados, el Gobierno habló del 11,85% en la Administración del Estado, que no incluye a las autonomías.

ANTICIPO DE PARO GENERAL La huelga de ayer había sido considerada por ambas parte como un test ante una posible huelga general. Mientras desde el Ejecutivo y desde el PSOE se mantuvo la templanza y se insistió en el "respeto al derecho de los trabajadores" para evitar calentar los ánimos, los sindicatos CCOO y UGT lo consideraron una fase más de la movilización contra los planes de ajuste, no solo en un marco estatal, sino europeo.

Para el líder de UGT, Cándido Méndez, que encabezó la manifestación central de Madrid junto a su homólogo en CCOO, Ignacio Fernández Toxo, la huelga "la ha provocado el Gobierno" con la bajada de las retribuciones en el sector público. Toxo, por su parte, añadió que, con esos datos, el Ejecutivo lo que pretendía era "confundir" a la opinión pública, y sugirió al Gobierno que, ante una "muestra clara y contundente", "tome nota" del rechazo a las medidas para atajar el gasto público.

"Allá ellos, que sigan en su error", precisó Toxo, quien destacó que los sindicatos sí que tomaron nota de la "respuesta masiva" que se dio ayer en Madrid y en toda España contra las medidas, que ellos califican de injustas y antieconómicas, aprobadas por el Gobierno del PSOE.

La disparidad sobre el seguimiento de la huelga en el sector público, se debe, en parte, a los distintos sistemas de medición. Al contabilizar el 11,85% de huelguistas, la secretaría el Estado de la función pública excluyó, por primera vez, a los componentes de los servicios mínimos, atendiendo, dijeron fuentes próximas a Consuelo Rumí, una vieja petición de las centrales sindicales.

SERVICIOS MINIMOS "ABUSIVOS" La habitual guerra de cifras tuvo también que ver con el "maquillaje", según CCOO y UGT, que realizó el Gobierno al contar a los presentes y ausentes en cada centro de trabajo. Denunciaron, además, los "abusivos" servicios mínimos impuestos en algunas comunidades autónomas.

Por el contrario, las manifestaciones registraron mayor asistencia. En Madrid, unas 75.000 personas salieron a la calle en el acto central de protesta contra el tijeretazo, mientras que en la protesta de Barcelona fueron unos 40.000 manifestantes, según los convocantes, los que salieron a la calle.

Las cifras de los gobiernos autonómicos tampoco fueron parecidas a las de los sindicatos. Por ejemplo, en Madrid, Gobierno y ayuntamiento dijeron que el 10% de sus funcionarios pararon, porcentaje que CCOO y UGT elevaron hasta el 75%.

"PARO ESCASO" En el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional el paro ha sido "escaso o casi nulo", según ambos organismos.

Los funcionarios aprovecharon la huelga para exigir al Gobierno una rectificación del tijeretazo en sus sueldos, pese a que el recorte salarial medio del 5% es un hecho consumado ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE ).

Entre las incidencias que sufrieron los ciudadanos, la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, destacó la interrupción del servicio en los puertos de Almería y Barcelona, el corte de un cable de fibra óptica en Cantabria, los piquetes en estaciones de autobuses de Baleares y Oviedo, el sellado con silicona de oficinas de Correo en Logroño o el retraso del AVE Madrid-Sevilla.

LA ULTIMA REUNION Los sindicatos eludieron confirmar si el paro de ayer les da fuerza para convocar una huelga general contra la reforma laboral, máxime cuando para hoy está prevista la última reunión del diálogo social que, previsiblemente, terminará en fracaso. "Que a nadie le quepa duda de que habrá una huelga general que será masiva porque será entendida por toda la sociedad española", afirmó ayer Toxo. La convocatoria dependerá del contenido del decreto que el Consejo de Ministros aprobará el pró- ximo día 16 y que contendrá previsiblemente una reforma de las causas de despido.

Ayer, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho admitió que es "difícil" lograr el acuerdo, aunque aseguró que el Gobierno quemará todos los cartuchos disponibles, haciendo una última propuesta. Sin embargo, Corbacho no quiso detallarla.