Las escenas de violencia o sexo tampoco escapan a los videojuegos, una forma de ocio cada vez más extendida entre los jóvenes y que está al alcance de cualquiera en establecimientos de venta, alquiler o recreativos. Esto supone que, en muchas ocasiones, los menores de edad tengan acceso a videojuegos que por su contenido no son aptos para su edad, sin una legislación clara que lo impida --aunque los defensores de este tipo de ocio sostienen que esto también ocurre en el cine y la literatura--.

Desde la Junta de Extremadura quieren poner freno a esta situación y en el pasado Consejo de Gobierno, el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya anunció la elaboración de una ley que impida el acceso de los menores de edad a los videojuegos de contenido violento, tanto en puntos de venta o alquiler como en recreativos.

Se trataría, pues, de una novedosa iniciativa en España --y fuera también, ya que son muy pocos los países, entre ellos Estados Unidos, los que cuentan con una normativa que intenta regular este tipo de ocio--. En las últimas fechas han proliferado las propuestas orientadas a regular, autorregular, prohibir o controlar los videojuegos en todo el mundo y, España, según los expertos, es uno de los países que parecen tener una mayor preocupación por las consecuencias que pueden generar.

No obstante, no existe una ley nacional que impida el acceso de los menores a este tipo de ocio cuando su contenido es violento, tiene sexo o presenta actitudes racistas.

Lo único que existe en España es el denominado Código de Autorregulación Voluntaria, una código ético al que se han adherido las empresas --y no todas-- que producen y venden videojuegos. Se trata de un sistema de etiquetado, aplicable a todos los productos de software orientados al ocio, que permite indicar la edad aconsejada para su uso, a modo de orientación para padres y educadores.

Sangre o blasfemias

Pero este código tiene unas valoraciones que pueden discrepar con las de padres y educadores. En él se establecen cuatro categorías que contemplan el contenido violento --física y moralmente--, el sexo y las actitudes racistas o que afecten a la dignidad humana. Así, un videojuego puede ser apto para todos los públicos, no recomendado a menores de 13 años, para mayores de 16 o mayores de 18.

La aptitud se decide completando un formulario de clasificación de productos a partir de 35 supuestos. Como ejemplo, si en el videojuego aparecen desnudos, sangre y vísceras será apto para mayores de 13 años. Si a esto se suman las blasfemias o se fomenta el consumo de alcohol y tabaco será para mayores de 16 años y si contiene imágenes que muestren o estimulen el sexo estará dirigido a mayores de 18 años.

Para la elaboración de los rangos, los empresarios han contado con el asesoramiento de psicólogos y sociólogos, quienes han considerado los criterios adecuados a tener en cuenta. Pero, ¿es suficiente este código?, ¿basta sólo con las advertencias o es necesaria una ley? El debate está servido.