Falta mucho tiempo para que los 168 diputados del PSOE en el Congreso deban apretar el botón del sí que abra paso a la tramitación del Estatuto en las Cortes, pero muchos de ellos ya han fijado su posición contraria al texto que remitirá el Parlamento de Cataluña. Desde el artículo 1 que asigna la definición de "nación" para la autonomía, hasta el sistema de financiación acordado el jueves disgustan a un buen número de socialistas, que echan mano de la advertencia de Juan Carlos Rodríguez Ibarra sobre el peligro de "perder un territorio por empeñarse en asegurar otro".
Esta oposición frontal al Estatuto tiene adeptos en el Gobierno, en el Congreso, en el Senado, en la ejecutiva del PSOE y entre los barones territoriales. El ministro de Defensa, José Bono, ya dejó claro en múltiples ocasiones su desacuerdo con el contenido de la reforma. Ibarra no puede ser más elocuente en su rechazo. Manuel Chaves, presidente de Andalucía --pero también del PSOE--, recordó ayer en una clara advertencia a su partido que el Congreso de los Diputados es "la garantía" de que el Estatut se convertirá en "constitucional, solidario" y garantizará "la cohesión y el equilibrio" en España.
Las referencias a la capacidad constitucionalizadora del Congreso son constantes en estos socialistas. Aunque con diferentes niveles de crispación, y distinta influencia en el partido, coinciden en ello Alvaro Cuesta, Ramón Jáuregui, Victorino Mayoral, Txiki Benegas, Francisco Fernández Marugán, Juan Barranco, Rafael Simancas, entre otros.
Alfonso Guerra también tiene dudas y tendrá mucho que decir como presidente de la comisión constitucional del Congreso, que tramitará la reforma.
