La polémica surgida entre la Junta y el PP a raíz del procedimiento utilizado por el Ejecutivo para tramitar la última ley de crédito extraordinario llegará finalmente al Tribunal Supremo. Así se desprende de un escrito remitido hace unos días por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a las partes implicadas en el proceso.
En este decreto el fiscal jefe del TSJEx comunica al presidente regional del PP, Carlos Floriano, que se han abierto diligencias tras la denuncia remitida por la consejera de Presidencia de la Junta, Casilda Gutiérrez, "siendo el denunciado Carlos Floriano". El fiscal avanza que, dado que Floriano es senador, el caso se trasladará a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La diputada popular Cristina Teniente avanzó ayer que el PP va a remitir nueva documentación al fiscal. Entre esos papeles está el certificado del Consejo de Gobierno que aprobó ese polémico proyecto de ley puesto que, según Teniente, las firmas que aparecen en el original y en lo remitido al TSJEx no concuerdan. También trasladarán sus dudas sobre las horas que aparecen en los registros de entrada y salida, puesto que la retirada de la norma de la Asamblea habría llegado antes de salir de la Junta. Teniente pidió el cese de la consejera "por incompetente, por ocultar información y por posible manipulación de documentos públicos".
Por su parte, la Junta reiteró que ya trasladó a la Fiscalía toda la documentación y volvió a negar que Casilda Gutiérrez haya denunciado a Carlos Floriano. El Ejecutivo insiste en que lo único que ha hecho es trasladar al TSJEx todos los datos para que "fuese él quien determinara si existía verdaderamente alguna de las actuaciones que le imputaban desde el PP".
