El vecino de Pamplona Angel Berroeta, de 61 años, casado y con cuatro hijos, fue asesinado ayer por un agente del Cuerpo Nacional de Policía que estaba fuera de servicio. El detonante fue una discusión que mantuvieron la mujer del policía y su hijo con la víctima, a la que habían pedido que colocara un cartel con el lema ETA no en su tienda.

Berroeta, conocido simpatizante de Batasuna, se negó y poco después se presentó en el establecimiento el agente y le disparó cuatro tiros mortales de necesidad. Fue el propio policía quien llamó por teléfono a la jefatura superior para confesar que había disparado contra el propietario de un establecimiento de alimentación próximo a su domicilio, en la calle de Martín Azpilicueta del barrio de San Juan. Las dotaciones desplazadas al lugar verificaron los hechos y detuvieron a su compañero, mientras el herido era trasladado al Hospital de Navarra, donde falleció minutos después.

MANIFESTACION La noticia provocó una reacción inmediata en el barrio, donde se produjeron a lo largo de la tarde serios incidentes entre jóvenes radicales y las fuerzas de seguridad. Una manifestación convocada a las siete de la tarde para denunciar el asesinato fue contundentemente disuelta por la Policía Nacional, y a continuación se sucedieron en las calles adyacentes las carreras y cruces de contenedores. Además, un grupo de personas intentó colocar una ikurriña con crespón negro en la tienda del fallecido, en medio de gritos de "policía asesina" y "el pueblo no perdonará".

Los agentes respondieron con tres cargas sucesivas. La tensión se trasladó al tanatorio Irache, situado a escasos metros, donde decenas de concentrados esperaban la llegada del cuerpo del fallecido. Allí se volvieron a vivir momentos de tensión, con gritos contra la policía y lanzamiento de objetos que provocaron otra carga policial.

Berroeta era miembro del colectivo Gurasoak, que agrupa a familiares de detenidos por violencia callejera, ya que dos de sus hijos fueron arrestados en 1997 por esta causa. El mayor fue acusado de formar parte de un grupo Y al que se atribuyeron daños materiales por valor de casi dos millones de euros y permaneció en prisión un mes. Su segundo hijo, menor de edad, quedó en libertad bajo fianza.

El Gobierno de Navarra expresó su "condena" por este asesinato y llamó a los navarros a ejercer hoy "su derecho al voto en un ambiente de serenidad". Jaime Ignacio del Burgo, de UPN, atribuyó el comportamiento del agente a la tensión existente tras la masacre de Madrid.