Revelar las causas judiciales abiertas contra cargos y excargos públicos de la región, como hiciera el miércoles el fiscal general en Madrid sobre la totalidad del país, ha tenido una rápida respuesta de los implicados. A través de este diario aclaran sus casos y piden que no se les criminalice ni se trate a todos de corruptos hasta que los jueces no resuelvan sobre sus respectivas causas.
En primer lugar, y ante todo, recoger la aclaración que el alcalde de Jerte, Antonio García, hizo ayer sobre su situación. Fue acusado e investigado por la presunta comisión de un delito urbanístico, "pero la justicia ha resuelto que no cometí ningún delito, la Audiencia dictó un auto ordenando el archivo de la causa judicial abierta contra mí". Lo asegura y lo demuestra con el auto, y también lo confirman las fuentes consultadas por EL PERIODICO, que reconocen un fallo en el listado facilitado sobre los procesos.
También afirma Sabina Hernández, alcaldesa de Almaraz, que recientemente ha dictado un auto la Audiencia pidiendo el archivo de su causa. Este no es definitivo, pero ella asegura que no cometió ningún delito. Lo mantiene también su letrado, que indica que no se la puede acusar de prevaricación, "pues prevaricar es dictar una resolución injusta a sabiendas, y ella aprobó el precontrato para ceder una parcela para el parque fotovoltaico porque el secretario municipal le dio informe favorable".
En Carcaboso, su alcalde, Alberto Cañedo, ha explicado que la causa abierta contra él por presunta prevaricación administrativa responde a denuncias presentadas por el partido en la oposición (PSOE) relativas al acceso a información municipal: "Ellos han solicitado datos e informes municipales y no han quedado satisfechos con la documentación que les hemos aportado. Han entendido que les estábamos ocultando información y me han denunciado por eso". Según Cañedo, el consistorio tiene sobre la mesa cerca de una decena de procesos abiertos "por los continuos rifirrafes políticos que existen en el pueblo, no ahora, sino a lo largo de las últimas décadas".
Por su parte, el exalcalde de Coria, Joaquín Hurtado, que afirma no tener conocimiento de que exista ninguna causa judicial contra él por delito urbanístico, se muestra tranquilo. "Tengo la conciencia bien tranquila porque no he hecho nada malo", señala antes de hacer constar que en los años que fue alcalde todo lo que se le pedía que no estuviera dentro de la ordenación urbanística "siempre lo denegué", informa N. Agut.
También ha negado siempre ser partícipe de trama de corrupción urbanística el alcalde de Losar de la Vera, Juan Antonio Martín Serrano, que mantiene que actuó y paralizó las obras en cuanto tuvo conocimiento de los hechos a través del Seprona y un informe del técnico municipal.
Otros cargos
Respecto a la causa abierta por un presunto delito de prevaricación en la designación del director del Colegió Público de Almoharín, con el director general de Política Educativa, Felipe Gómez Valhondo, y el delegado provincial de Educación en Cáceres, Enrique García, como implicados, desde la Consejería de Educación se aseguró ayer que "esta causa está ya cerrada y se ha exculpado a ambos". No obstante, según las fuentes de la Fiscalía consultadas por este diario, el proceso sigue todavía abierto.
Ninguna valoración quiso hacer el exgerente de la Empresa Municipal de Transporte Público del Ayuntamiento de Mérida, Prudencio González, sobre la causa abierta contra él. De momento, ha dicho, "no voy a hacer declaraciones hasta que esto no se solucione del todo, pero cuando la justicia resuelva y sea oportuno hacer valoraciones lo haré, ya sea para bien o para mal", informa I. Ramos.
