El Gobierno creyó oportuno reformar el modelo dado el incremento de población registrado por algunas comunidades y la necesidad de dotar con más recursos algunos servicios. Algunas regiones así lo habían demandado. Además, era necesario dar respuesta al Estatuto de Cataluña, una ley orgánica de obligado cumplimiento que establece un sistema de financiación para esa comunidad.
