Portugal sigue ardiendo y nada parece poder evitarlo. Los bomberos y los vecinos apagan como pueden las llamas mientras critican la falta de medios. A última hora de anoche, más de 10 fuegos continuaban sin control en el norte y el centro del país, aunque las autoridades explicaron que los registrados en Coimbra, una de las zonas más afectadas, fueron controlados a última hora de la tarde. Más de 600 militares y 2.200 bomberos combaten las llamas con la ayuda de 650 vehículos y 22 hidroaviones y helicópteros. La pesadilla que se vive demuestra que el despliegue resulta insuficiente.

El fuego --que ha quemado más de 180.000 hectáreas desde principios de año y ha matado a 16 personas-- ha dejado este verano un panorama desolador. En los alrededores de Coimbra, son miles los árboles carbonizados en decenas de kilómetros. Las dos laderas de la carretera que conecta algunos de los municipios más afectados presentaban ayer una tristísima imagen.

En Vilanova de Poiares, una pequeña localidad cercana a Coimbra, los vecinos comentaban impotentes que se ha quemado "prácticamente todo". Ayer, la principal preocupación de los cerca de 100 bomberos que trabajan en la zona --todos voluntarios-- era controlar el frente que todavía seguía amenazando una aldea próxima.

"Ningún miembro del Gobierno ha querido saber nada de Poiares. Nadie ha estado aquí", se quejó uno de los bomberos a EL PERIODICO. Según explicó, sólo el lunes contaron con un helicóptero durante algunas horas después de que el comandante Simes suplicase al servicio nacional de bomberos "casi llorando" el apoyo aéreo.

Fuentes oficiales explicaron que 500 personas han sido atendidas por los médicos desde el viernes. Además, 1.300 vecinos han tenido que ser desalojados.

La policía judicial portuguesa detuvo ayer a otras siete personas, dos de ellas de 14 años, sospechosas de haber provocado dos incendios en el norte del país. Uno de los detenidos ejerció de bombero en el pasado.

En lo que va de año son ya 105 las personas arrestadas. De ellas, sólo 26 permanecen en prisión preventiva. La ley portuguesa penaliza con penas que van de tres a 10 años de prisión a las personas que provocan un incendio, y hasta cinco años si se trata de una negligencia.