Extremadura cuenta desde ayer con su propio Estatuto de Expresidentes, una ley que regula la situación de los que han ejercido el cargo de presidente autonómico y que salió adelante con el apoyo de PP y PSOE, aunque encontró el rechazo de IU.
Esta norma establece, en primer lugar, que cualquier expresidente de la Junta tendrá derecho a percibir el 80% de su salario durante la mitad del tiempo en que ostentó el cargo. Sin embargo, y a pesar de lo confuso del texto, los letrados de la Asamblea han confirmado a populares y socialistas esa asignación será incompatible con cualquier actividad remunerada pública o privada, aunque sí podrá llevar a cabo de forma esporádica actuaciones docentes o investigadoras.
Entre las funciones del expresidente regional que acceda a ese salario figura la de estar a disposición de la Asamblea y de la Junta para llevar a cabo misiones institucionales y otras actividades. También contará con medios para poner en marcha una oficina que estará dotada con tres trabajadores y un vehículo.
Cuando alcance la edad de jubilación percibirá una pensión igual al 60% del salario de presidente del Gobierno extremeño. La posibilidad de la incorporación al Consejo Consultivo de Extremadura y los servicios de seguridad permanentes son otros de los puntos recogidos.
EXPLICACIONES Esta norma se ha tramitado con carácter de urgencia, y aunque ya figuraba en un acuerdo político suscrito por PP y PSOE en octubre del 2003, no fue hasta hace unos días cuando se acordó completamente su contenido. Se da la circunstancia de que su defensa en el Pleno, así como buena parte de la negociación, corrió a cargo de los vicepresidentes del Parlamento extremeño, Laureano León (PP) y Alejo Salas (PSOE).
Laureano León señaló que en unos momentos complicados para la política "se hace más necesario el reconocimiento de aquellas personas que han representado a un pueblo", al tiempo que destacó que la ley aprobada ayer es "el fruto de un acuerdo de una gran mayoría". A su juicio, la comunidad debe aprovechar la experiencia de quienes han ejercido altas responsabilidades.
El diputado popular recalcó que la norma no está dirigida a nadie en concreto, sino que se trata del "reconocimiento a una figura institucional". Así, añadió que el el objetivo último es dar medios a los expresidentes de la Junta "para que puedan ofrecer desde una posición más lejana su experiencia y sus conocimientos a Extremadura".
En la misma línea se pronunció el socialista Alejo Salas, que rechazó rotundamente que la ley deje abierta la puerta a compatibilizar los sueldos procedentes de la docencia y del Estatuto de Expresidentes. El diputado del PSOE achacó a la iniciativa a la "normalidad democrática" y a la defensa de "la dignidad" de los que se han dedicado a la alta política. También dejó claro que pese a todo lo que se está diciendo el actual presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no se acogerá a esta norma: "El día 1 de julio el presidente se incorpora a la universidad".
Así lo confirmó horas después el propio Rodríguez Ibarra, que señaló que aunque le parece "sensato" que se regule la situación de los expresidentes regionales, él volverá a la docencia, incorporándose a la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. Lo que sí utilizará de ese Estatuto, avanzó, es lo referido, a la seguridad y a la creación de una oficina para gestionar sus actividades en calidad de expresidente de la Junta.
Para Ibarra la aprobación deuna norma de este tipo supone“una medida de garantía paralos políticos”.Pero todas estas explicacionesno convencieron a la portavozparlamentaria de IU-Siex, TeresaRejas, que calificó el texto comoun “atraco a mano armada a losbolsillos de los ciudadanos” quele causa “vergüenza” comopolítica. A su juicio, populares ysocialistas han alcanzado esteacuerdo “con nocturnidad y alevosía”hasta hacer “un traje amedida” a Rodríguez Ibarra.Por eso, reclamo al actual presidenteextremeño que rechaceuna ley que supondría, a su juicio,que Ibarra ha salido de lapolítica “por la puerta de chiqueros”.“Dígales que se la metanpor donde les quepa”, apostilló.Sin embargo, el presidente dela Junta no escuchó sus palabras,puesto que –al igual que el líderde la oposición, Carlos Floriano–no estuvo presente durante eldebate ni votó la norma.COMPARATIVA / Aunque el diputadodel PP Laureano León defendióque este Estatuto se sitúa “enla media del resto de comunidades”,lo cierto es que está entrelos más ventajosos de los actualmenteen vigor, porque reúnemuchos de los puntos dispersosen el resto de los textos.En lo que se refiere a la asignación,Extremadura, Cataluña yNavarra (solo por dos años) ofrecenun sueldo del 80% del quecorresponde a ese cargo, mientrasque el modelo más extendidoes el de dar un salario comomiembro nato de organismos similaresal Consejo Consultivo,como ocurre en la ComunidadValenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Canarias, opciónque también se da en la región.Por el contrario, no estácontemplado de ninguna formaese sueldo en Andalucía y PaísVasco.En cuanto a la jubilación, soloestá prevista en términos similaresen Cataluña y Andalucía. Laoficina propia se incluye en todoslos Estatutos de Expresidentesa excepción de los de Castillay León, Navarra y Castilla-LaMancha. La seguridad, los puestosde trabajo adscritos y elvehículo oficial son elementoscomunes a muchas de las leyes.Lo que sí es un elemento novedosoen la normativa extremeñaes la regulación de la posibilidadde que el expresidente regionalrealice trabajos por encargo tantode la Asamblea de Extremaduracomo de la Presidencia de laJunta.
