Atropello fiscal". De este modo definió la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Asamblea, Cristina Teniente, el decreto y las dos órdenes por los que la Junta ha actualizado el valor de los bienes inmuebles. Dichas normas toman como referencia, según Teniente, los precios del 2007 y 2008, que denuncia que fueron los años del "boom inmobiliario" en España y Extremadura y por lo que los extremeños que compren ahora una vivienda o un solar, así como en caso de sucesión o donación, tendrán que pagar más impuestos de los que les corresponde por su precio actual.

Por su parte, la Junta contestó a esta denuncia a través de un comunicado en el que los responsables de la Consejería de Administración Pública y Hacienda destacan que "de los 390 municipios y pedanías de la región, el coeficiente a aplicar sobre el valor catastral baja en 201 municipios; es decir, más de la mitad". Además, el Gobierno regional se muestra sorprendido de que "el Grupo Popular no hiciera uso de las herramientas legales a su alcance para impugnar este decreto y sus órdenes de desarrollo y ahora denuncie, alarmantemente, los mismos ante la prensa", en referencia a los 15 días en que las normas estuvieron abiertas a alegaciones.

En cambio, Teniente anunció la intención del Grupo Popular de presentar una propuesta de impulso ante la Asamblea para instar a la Junta a derogar tanto el decreto como las dos normas que lo desarrollan y se mostró convencida de que sus efectos son especialmente "perniciosos" para la economía extremeña en la crisis actual.