Si hay un sector que conoce bien el rigor de la normativa comunitaria sobre prácticas anticompetitivas, ese es el del tabaco. Y concretamente, las empresas que se dedican a la primera transformación en Extremadura y a la compra de producto elaborado, que ya tuvieron que aflojarse el bolsillo con 20 millones de euros de multa en octubre del 2004. La razón, pactar precios en secreto y repartirse el mercado a espaldas de los agricultores.

"El sector agrícola no goza de inmunidad frente a las normas de competencia", explicó el 20 de octubre del 2004 la Comisión Europea al hacer pública la sanción a Deltafina --primer comprador de tabaco en España, con 11,8 millones de euros--, Cetarsa --3,6 millones--, Agroexpansión --2,6 millones--, World Wide Tobacco --1,8 millones de euros-- y Taes --108.000 euros--. Las organizaciones agrarias y la Confederación Española de Cooperativas Agrarias (Ccae) fueron sancionadas con mil euros en cada caso.

Hasta 1994 Cetarsa era el único transformador de tabaco en España, con un 90% del mercado. Pero llegaron tres nuevos operadores: WWTE, Agroexpansión y Taes. "A partir de 1996 la competencia entre los cuatro transformadores se acentuó, lo que causó un incremento de precios de compra ofertados a los productores", decía la Comisión Europea.

La subida de precios no beneficiaba a las empresas y éstas decidieron repartirse el mercado y pactar entre sí el precio máximo que ofrecían cada campaña a los productores. Todo comenzó el 13 de marzo en una reunión en el hotel Intercontinental en Madrid, a la que asistieron los presidentes de las empresas multadas.

Crearon un "cártel" en toda regla, que la propia Comisión Europea reconoce que se fue "sofisticando" con el tiempo. De cara al público, los directivos de las compañías decían a los agricultores que no podían pagar más por el tabaco por las dificultades del mercado internacional. Pero lo cierto es que las transformadoras tenían un pacto de precios meticulosamente montado.

Los propios directivos de WWTE reconocieron ante la Comisión Europea la existencia de negociaciones para "evitar la escalada de precios". La investigación --con registros de oficinas y fábricas incluidos-- se desarrolló entre 2001 y 2004. Las empresas contrataron equipos jurídicos de primerísimo nivel, lo que probablemente atenuó las sanciones.