Citar las minas de uranio de La Haba equivale a despertar la polémica. Según la versión oficial bajo los escombros con los que se cubrieron las minas sólo hay material de desecho de las propias explotaciones, minerales de donde se extrajo en su día el uranio. Según colectivos ecologistas, además de esos escombros, en el fondo de esas minas también hay residuos radiactivos, procedentes de otros lugares.
La historia arranca a principios de los 60, cuanto la Junta de Energía Nuclear (JEN) --posteriormente disuelta al ser creado el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)-- inicia las prospecciones en la comarca, y en 1966 abre la mina de uranio Hoya del Lobo, que se agota rápidamente. Se abren entonces las minas Lobo-G y El Pedregal.
Entre 1973 y 1974, cuando todavía existía la JEN, se produce un accidente en un pequeño reactor nuclear que este organismo tienen en Madrid, lo que contamina los terrenos del entorno. Según los ecologistas, estos áridos y lodos contaminados, y posiblemente restos del reactor, fueron enterrados en la Hoya del Lobo.
Ya en los años 80, se hace cargo de la explotación de las minas la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA), que mantiene la actividad hasta 1990. Tras el cierre, ENUSA pide permiso para clausurar las minas y restaurar el terreno, que es concedido en 1995.
Oficialmente, durante este tiempo no ocurre nada. Sin embargo, los ecologistas y diversas plataformas ciudadanas aseguran que en 1993 son trasladados a estas minas 577 bidones procedentes del CIEMAT. Según este organismo, se trataba de "escombros y mineral de uranio", pero en los informes del CSN se reflejaría que son "sustancias nucleares y materiales radiactivos".
La polémica da lugar a la formación de una comisión de investigación en la Asamblea, que no llega a conclusión alguna.
El sellado de las instalaciones y la restauración de los terrenos finaliza en 1998. Se establece entonces un sistema de vigilancia y control por cinco años, luego por otros tres y finalmente por tres más. La vigilancia radiológica, según el CSN "no encuentra desviaciones significativas respecto de los programas establecidos".
El último de los informes, un acta de inspección del CSN, es de 11 de junio de este año. En él figura un párrafo tachado, imposible de leer. También indica el inspector que ENUSA, encargada de la vigilancia ha manifestado que los resultados del programa de control durante el último año "no aportan valores de interés, ni variaciones significativas en relación a los registros históricos".
Tampoco el inspector, en su inspección visual de la zona, observa, según reza el acta, nada digno de mención.
