El procedimiento para la puesta en marcha de las diferentes medidas anunciadas por el Gobierno es diferente en cada caso. La creación de los registros necesita de la aprobación de una orden ministerial, la cual se prevé que entre en vigor el 1 de septiembre. Además, es preciso la redacción de dos nuevos reglamentos, los cuales únicamente necesitan "mecanismos administrativos" para ponerlos en marcha. El asunto más complejo es la reforma penal, que requiere ser tramitada como Ley Orgánica. Pero el Gobierno espera que el Parlamento asume dicha tramitación "con toda la urgencia y todas sus consecuencias".
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado que "un control más efectivo del uso lícito de los explosivos es la única forma de evitar el desvío de esos explosivos para usos ilícitos". La vicepresidenta añadió que las normas existentes se han demostrado "insuficientes", como ha quedado "de manifiesto" en los atentados del 11-M. El Gobierno considera que, dada la prioridad que representa la lucha antiterrorista, es fundamental reforzar los controles sobre los explosivos.
