Las quejas ciudadanas por la, cada vez mayor, presencia de excrementos caninos en las calles y parques se extienden a toda España. Como ejemplos, en Barcelona la policía ha iniciado una campaña contra el poco civismo de los dueños. En Tarragona se lleva a cabo una vigilancia especial para sancionar a los propietarios que no recogen las defecaciones de sus mascotas. Madrid ha realizado un llamamiento público para reducir los costes de limpieza de excrementos, que rondan los 6 millones de euros anuales.

La conducta de estas personas obliga a los ayuntamientos a realizar grandes inversiones. Otro ejemplo es Sevilla, en donde recientemente se han tenido que adquirir seis nuevos equipos de recogida de excrementos caninos valorados en 110.000 euros. Además, los pipí-can son instalaciones que necesitan costosas medidas de mantenimiento y que no suelen ser utilizadas por los dueños de los perros. Otras ciudades españolas han optado por colocar dispensadores de bolsas de plástico.