El proceso iniciado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con la intención de que se cree un censo de fusilados y desaparecidos en la Guerra Civil y durante la dictadura franquista puede hacer aflorar unos 15.000 casos en Extremadura. Las cifras varían según las fuentes. Los catedráticos de Historia Julián Chaves y Fernando Sánchez Marroyo señalan en sus investigaciones que la cifra de represaliados por el franquismo alcanzaron las 1.680 víctimas en la provincia de Cáceres y entre 12.000 y 13.000 en la de Badajoz; mientras que los muertos a manos de los republicanos ascenderían a unos 1.500 en la región.

Sin embargo, según apuntan desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y su Comarca, el número de desaparecidos a manos de las tropas franquistas ascendió a 20.000 en la comunidad extremeña. En todo caso, las asociaciones extremeñas con familiares afectados consideran muy positivo que se inicie este proceso, aunque reclaman prudencia porque todavía queda mucho camino por recorrer.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura mostró ayer su "satisfacción" por la iniciativa de Garzón, pero reclama "suma prudencia" al considerar que "aún queda mucho camino por recorrer", según explicó el presidente de este colectivo, José Manuel Corbacho.

En Extremadura hay varias asociaciones creadas en pro de la memoria histórica, sobre todo en la provincia de Badajoz, entre las que destacan las de Villanueva de la Serena, Talarrubias, Villar del Rey, Mérida y la de familiares de Castuera, donde la Junta acaba de iniciar el expediente para declarar bien de interés cultural --en la categoría de sitio histórico-- el campo de concentración que albergó esta localidad pacense.

Cabe recordar aquí que en una providencia, Garzón pide que, de momento, elaboren listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo instituciones como el Valle de los Caídos, la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, e incluso al rector de la Universidad de esta última ciudad.

En este sentido, el colectivo de la capital extremeña ha recopilado datos sobre lo ocurrido en Mérida desde el comienzo de la Contienda Civil en 1936 hasta el año 1947, en plena posguerra, y "lo que nos falta por hacer es acabar de recoger los nombres de personas desaparecidas en aquella época en esta zona", indicó ayer su portavoz, Libertad Sánchez, que considera que solo en la ciudad emeritense murieron 4.000 personas víctimas del bando franquista, de las que tienen el nombre de 1.900.

Ahora, aprovechando que Garzón ha decidido que se investigue todo lo ocurrido, desde Mérida quieren que "se reconozca que Franco cometió crímenes contra la humanidad y que no aparezca en los libros de texto como un héroe".

"YA ERA HORA" Más comedido se muestra José Manuel Corbacho. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura reiteró ayer la providencia de Garzón "la tomamos con satisfacción", pero también "con prudencia", porque "hay que recordar que Garzón aún no ha admitido a trámite las denuncias presentadas en julio del 2007, de donde emana todo esto de ahora", por lo que "queda mucho trabajo por hacer".

En cualquier caso, reiteró que "después de más de treinta años del final del franquismo, ya era hora que se investigara". Otra cuestión importante de todo este proceso, dijo Corbacho, es que "va a servir para relanzar el debate en España de que sean las administraciones públicas, con el Estado a la cabeza y siempre con control judicial siempre, las que asuman la localización de las fosas y de los desaparecidos, y no llevemos, como está pasando, esa carga los particulares, las víctimas de esos delitos".