PSOE y PP votaron ayer en la Asamblea una resolución en la que se insta al Parlamento español a reformar la Ley Electoral para exigir un mínimo del 5% de los votos en todo el Estado para que un grupo político tenga representación en el Congreso. Esta iniciativa se deriva de una idea planteada el jueves por Rodríguez Ibarra en la que abogó por este mecanismo para impedir que los nacionalismos periféricos puedan imponer su criterio en caso de que un Gobierno no cuente con mayoría absoluta en el Parlamento, actuando a favor de un territorio concreto y no de toda España.

Esta propuesta fue presentada por los populares, y es muy similar a otra planteada por el PSOE donde se pedían "límites legales" para obtener diputados en el Congreso, aunque no fijaba estos límites. La petición socialista también se aprobó, pero sólo con los votos de este grupo y la abstención del PP.

En total se presentaron 146 resoluciones, 15 del PSOE (aprobadas con el voto socialista, la abstención popular y el voto contrario de IU), 9 del PP (rechazadas todas menos la mencionada), y 122 de IU, todas rechazadas.

CONTRA LOS TRANSFUGAS Entre las propuestas socialistas se encontraba la petición para que la Junta articule un proyecto legal que evite que la gobernabilidad de las instituciones extremeñas pueda quedar en manos de los tránsfugas. Para ello, se reconocerían al grupo afectado los mismos votos que tenía en el momento de su constitución, o, en todo caso, se le concedería el voto ponderado en función de su representatividad inicial.

Las otras resoluciones admitidas reflejan ideas lanzadas por el presidente de la Junta el jueves, y aluden a una financiación autonómica solidaria y justa, el apoyo a la refinería si cumple todos los requisitos medioambientales, el impulso al plan hidrológico y forestal dotado con 123 millones y el plan extraordinario de inversiones dotado con 699 millones, y la reforma fiscal.

Asimismo, se acordó que la Junta esté atenta a que se cumplan los plazos en las autovías de la Plata y de Levante, así como en el AVE; que el Ejecutivo regional impulse un segundo pacto educativo con todos los agentes implicados; que se mejoren las infraestructuras energéticas; se acometa un plan de Formación Profesional, y se continúen alentando los usos de las nuevas tecnologías en el desarrollo regional.