La implantación de un Sistema Nacional de Dependencia supondrá un importante incremento de los actuales recursos sociosanitarios y una financiación extraordinaria.
El Libro Blanco de la Dependencia avisa de que no es descartable que los usuarios tengan que pagar parte del servicio de reciben, es decir, que se aplique el denominado copago que ya se utiliza en el caso de las residencias de mayores. En este sentido, el documento deja claro que si la atención de la dependencia se configura como una prestación de servicios --una de las dos posibilidades que se manejan-- al beneficiario "se le asignaría la cantidad a cofinanciar en función del servicio que se le preste y de la tabla de tarifas previamente establecida". Insiste el texto en que "la cofinanciación en esta alternativa es fundamental".
Ahora bien. Este copago se aplicará de distinta forma dependiendo de si el Sistema Nacional de Dependencia se financia a través de las cuotas de la Seguridad Social o vía impuestos. En el primer caso se deberían establecer "tarifas iguales para todos, puesto que la cuota se establece en función de los salarios reales". Si, en cambio, se hace con impuestos, el copago "cabe establecerlo teniendo en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios".
Primeras valoraciones
En principio esta posibilidad no ha sido mal vista por los principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Fernando Sánchez Lavado, secretario de Política Institucional de CCOO en Extremadura, apunta en primer lugar que la financiación de estos servicios "no debe suponer costes adicionales en las nóminas", mientras que debe crearse un sistema único, nacional, al que aporten fondos el Gobierno central, las comunidades y ayuntamientos.
Sin embargo, Sánchez Lavado prevé que pasen entre 4 y 8 años antes de que se llegue a un acuerdo financiero definitivo, un periodo durante el que opina que "el Estado tiene que asumir los costes, un dinero que puede salir del superávit de la Seguridad Social".
A partir de ahí apuesta por un modelo que se base "en la vía fiscal" y que, si fuese necesario, incluya una fórmula de copago por parte de los usuarios como ya ocurre en las residencias de ancianos. Sin embargo, deja claro que el coste de los servicios "debe depender del nivel de renta en aras de la justicia social". En esta línea, insiste en que "nadie debe asustarse ni rasgarse las vestiduras" porque "no hay que tenerle miedo al término copago".
Por su parte, el consejero de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, considera que antes de llegar a una fórmula de copago debería incrementarse el porcentaje de PIB que se dedica a la sanidad hasta alcanzar la media europea. Además, tiene claro que en el ámbito sanitario "cuesta más gestionar el copago de lo que se ahorra aplicándolo".
