El Gobierno aprobó a principios de septiembre la aplicación de un plan de asignación de derechos de emisión para el periodo 2005-2007, que tendrá un coste máximo de 85 millones de euros anuales para los sectores que han sido incluidos en la directiva europea. El objetivo del Ejecutivo central es que las emisiones en el citado periodo se estabilicen en la media que existía entre los años 2000 y 2002, con un incremento del 3,5% para los nuevos entrantes. En cuanto al esfuerzo adicional para poder cumplir el protocolo y la directiva europea deberá hacerse entre el 2008 y el 2012, al final de este periodo las emisiones no deberán superar en más de un 24% las registradas en 1990.