Si algún país vende más cuotas de emisión de las permitidas en las directrices establecidas se le prohibirá vender CO2 hasta que restaure los niveles exigidos, teniendo para ello un plazo estimado de 30 días. El comercio de derechos de emisión no reduce por sí mismo las emisiones, sino que puede suponer una redistribución entre los países industrializados. Según los expertos, la única manera de que este instrumento tenga algún beneficio medioambiental es establecer una cuota total estricta de los derechos de emisión que garantice el cumplimiento del protocolo de Kioto.
