Los ayuntamientos extremeños presupuestaron 351,6 millones de euros en concepto de ingresos por impuestos —tanto directos como indirectos— para el ejercicio 2016. Esa cifra supone un incremento del 28,5% respecto al total de los recursos que finalmente obtuvieron por este medio en el 2007. Ese ejercicio, el último antes de que comenzaran a dejarse notar los efectos de la crisis, se situaron en 273,6 millones, según los datos agregados del Ministerio de Hacienda, en los que se incluyen la gran mayoría de los ayuntamientos de la región (entre ellos, todos los de mayor población).

El principal soporte fiscal de los ayuntamientos lo constituye, con diferencia, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que, no solo ha conseguido sortear el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sino que ha disparado su recaudación en esta década. Así, de los 138,4 millones de euros con los que se gravó a propietarios de viviendas, edificios o parcelas en la región en el 2007 se ha pasado a los 246,5 que se presupuestaron para el año pasado, lo que se traduce casi en un 80% de incremento. Los consistorios se han beneficiado de este aumento gracias a que se ha prescindido de bonificaciones, al alza extraordinaria decretada por el Gobierno y a las actualizaciones del catastro. El carácter anticíclico de este gravamen sobre la propiedad ha permitido compensar con creces las caídas experimentadas por otros tributos que sí están directamente ligados a la actividad constructora o a las operaciones de compraventa.

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN / El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (el de circulación), también ha demostrado resistir bien la crisis, aunque ha tenido un incremento mucho más discreto que el IBI: de 43,6 millones a 48,9 millones (12,1%) entre el 2007 y 2016. En esta misma línea, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ha aumentado de los 17,5 millones de euros a los 21,6 millones en este mismo periodo.

Donde sí se dejó notar el parón del mercado inmobiliario fue en el caso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía). Este tributo, cuya forma de cálculo ha puesto ahora el Constitucional en entredicho, proporcionó unos ingresos a las arcas municipales extremeñas de algo más de 16 millones de euros en el 2007, frente a los 11,7 millones que tenían previsto ingresar los ayuntamientos para el pasado ejercicio.

Y mucho más significativa aún fue la caída del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que de más 45 millones de euros se desploma diez años más tarde a apenas 11,3 millones.