Las investigaciones de la Guardia Civil sobre un grupo de industrias del sector tomatero extremeño --la denominada operación Tomba -- han revelado la creación de un auténtico entramado empresarial en la provincia de Badajoz que va de las propias industrias a empresas de servicios usadas como tapaderas pasando por falsos intermediarios. En este sentido, los datos del Registro Mercantil consultados por EL PERIODICO EXTREMADURA han confirmado la estrecha relación existente entre las principales industrias del sector en la región --Transa, Conesa y Agraz--, la organización de productores (OPFH) Los Corbos y la empresa de servicios Sayco, todas acusadas por la Guardia Civil de un presunto cobro ilegal de ayudas europeas cifrado en 27 millones de euros y de un presunto delito de evasión fiscal.
La mayoría de los quince detenidos a principios de esta semana por la Benemérita --todos ellos han sido puestos en libertad pero están a disposición judicial-- ocupaban cargos de máxima responsabilidad en estas industrias, que aunque a primera vista son totalmente independientes están conectadas a través de Sayco y Los Corbos.
CASOS CONCRETOS
Por ejemplo, el presidente y dueño de Conesa, Manuel Vázquez Gimón, es también presidente y accionista de Sayco.
A esto hay que sumar que los principales accionistas de esta empresa intermediaria son Agraz y Transa. Su vicepresidente es Rafael Carranza, presidente de Transa; su consejero delegado, Pedro Gomendio, vicepresidente de Agraz; y su administrador Vicente Onrubia, es también administrador de Los Corbos.
Hay que recordar que, como confirmó ayer el Ministerio del Interior, la Guardia Civil ha desarticulado esta trama empresarial a raíz de las investigaciones iniciadas hace tres años por la Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europea (OLAF).
Tras dos años de inspecciones la OLAF trasladó el caso a la Policía Judicial, que con un año de trabajo a sus espaldas culminó sus actuaciones el pasado martes con la detención de quince personas relacionadas con el cobro ilegal de ayudas europeas destinadas al concentrado de tomate, un fraude que Interior cifra en algo más de 27 millones de euros entre 1997 y el 2000.
Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) Los Corbos negociaba la venta del tomate a los agricultores con la condición de que se pagase por debajo del precio mínimo marcado por la Unión Europea aunque en las facturas debía figurar que se había percibido ese mínimo. Para convencer a los productores se les amenazaba con no volver a comprarles el tomate en campañas posteriores, por lo que éstos se veían obligados a aceptar lo que se conocía en el sector como "impuesto revolucionario".
COMPLEJO PROCEDIMIENTO
Posteriormente las empresas emitían las facturas falsas --ya con precios inflados --, que eran rubricadas por los agricultores. A la hora de cuadrar las cuentas y ocultar el desfase entre lo que figuraba en los libros y lo que realmente se había pagado a los productores entraba en juego la quinta empresa, que según las investigaciones sería Sayco, que, como ya se ha dicho, pertenece a las propias industrias.
En este sentido, la Guardia Civil asegura que esta empresa se dedicaba a facturar servicios que nunca se llegaron a realizar en realidad, especialmente a Conesa y Transa. Una vez que las cuentas estaban aclaradas las industrias implicadas solicitaban las ayudas al Ministerio de Agricultura, organismo entonces encargado de gestionar las subvenciones comunitarias que pese a las inspecciones nunca detectó las numerosas irregularidades.
La Policía Judicial ha dado traslado del caso al juzgado de instrucción número dos de Badajoz, que investiga tanto el posible fraude a las ayudas europeas como la presunta evasión de impuestos detectada en toda esta operación empresarial desarrollada íntegramente en las Vegas Bajas del Guadiana, centro neurálgico del sector del tomate.
