La Junta de Extremadura ha acogido positivamente la propuesta sobre el nuevo modelo de financiación autonómica cerrada por el Gobierno durante el fin de semana, pero el consejero de Administraciones Públicas y Hacienda, Angel Franco, viaja hoy a Madrid para participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera --donde debe ratificarse el acuerdo-- con la incertidumbre de desconocer los entresijos completos del modelo y de cómo se han distribuido realmente los fondos entre todas las comunidades autónomas. De hecho, la Administración regional no ha querido adelantar cuál será su voto a pesar de que su presidente, Guillermo Fernández Vara, el único que se ha pronunciado sobre este asunto, ha repetido en varias ocasiones a lo largo de los últimos tres días que el sistema le parece "justo".

La última ocasión fue ayer en Cáceres, ciudad que acoge hasta el viernes el curso de verano de la Universidad de Extremadura (Uex) Financiación autonómica y prestación de servicios públicos . Fernández Vara fue el encargado de inaugurar estar jornadas que tienen como objetivo abordar los resultados del sistema aún vigente y las perspectivas que está originando su reforma. "No es lo que hubiéramos querido individualmente. Porque eso habría sido malo para todos. Pero sí creo que es el más justo de los posibles", aseveró el dirigente extremeño sobre el nuevo sistema.

Durante su intervención también destacó que Extremadura nunca ha querido "más de lo que nos corresponde", sino lo necesario para que "nuestros hijos y nuestros padres puedan tener derecho a la educación y a la sanidad en las mismas condiciones que los demás". "Más, no; pero tampoco menos. Ese es el objetivo que a lo largo de estos meses hemos intentado lograr y creo que se ha logrado", concluyó. Fernández Vara evitó en todo momento pronunciarse sobre cuál será la postura que su gabinete defenderá hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

SILENCIO DE ANGEL FRANCO Tampoco lo hizo el consejero de Hacienda, también presente en el acto y que será el encargado de defender los intereses de la región en esta reunión con el resto de Gobiernos autonómicos y la Administración central. Angel Franco fue inquirido insistentemente por el asunto por el grueso de las personalidades asistentes, entre las que se encontraban el rector de la Uex, Francisco Duque, o el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Aurelio Blanco. Pero apenas les avanzó detalles sobre el contenido de la propuesta.

La Junta está satisfecha con los números que le ha dado a conocer el Gobierno, pero hay dudas sobre la metodología de distribución. De hecho, a Fernández Vara no le terminan de cuadrar las cuentas, como manifestó ayer en Cáceres: "El esperpento es lo que estamos viendo en los últimos días, en el que si sumamos lo que cada comunidad autónoma está diciendo salen cuatro veces más del dinero que hay. Coges lo que dice Cataluña que va a recibir, lo que dice Andalucía y lo que dice Murcia y ya se acabó el dinero". Por eso desde el Ejecutivo extremeño no quieren precipitarse y prefieren esperar a hoy para poner sus cartas sobre la mesa.

La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos de la Junta, Pilar Durán, también eludió adelantar acontecimientos. Sí se aventuró a pronosticar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera será duro y largo. "Cada comunidad va a exponer y defender cuál es lo que considera que debe percibir. Seguramente la reunión se alargue durante varias horas más de los previsto", explicó.

CERCO AL NO Para que el nuevo modelo siga su tramitación debe ser aprobada en el consejo de hoy. El Gobierno tiene 19 votos y las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, otros tantos. En primera vuelta el texto necesita el apoyo de la mayoría cualificada --dos terceras partes de los votos--. Si no alcanza ese umbral, el Gobierno puede sacar el documento adelante con mayoría simple en una segunda votación; es decir, el respaldo de una comunidad autónoma sería suficiente.

Además, en la propuesta remitida a las regiones, se advierte de que tendrán un plazo de seis meses desde que el Congreso valide la reforma para aceptar el nuevo modelo. Si una comunidad lo rechaza, seguirá financiándose con el sistema actual, aunque se avisa de que "no se contemplará en ningún caso compensaciones por los recursos y fondos adiconales no percibidos en el periodo 2009-2013", algo que sí ha ocurrido en otras ocasiones.