Extremadura ha desarrollado en sus 22 años de autonomía el 80% de la capacidad legislativa marcada por el Estatuto que se aprobó en febrero de 1983. En el ámbito de las competencias por asumir, entre las más importantes sólo restan las de Justicia.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, cuya última reforma se aprobó en 1999, impone a la comunidad la obligación de desarrollar legislación en al menos 22 ámbitos en los que tiene competencias, ya sean exclusivas o compartidas con el Gobierno central. A fecha de hoy sólo cinco de estas normas no se han elaborado aún. Se trata de las referidas a las consultas populares, la cesión de servicios y competencias a los ayuntamientos y la creación de tres instituciones: Un órgano específico para resolver reclamaciones fiscales, un Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

En el caso de las transferencias municipales, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), José Muñoz, confirmó a EL PERIODICO que ya se han producido los primeros contactos en este sentido. Sin embargo, tanto la Fempex como la Junta se mantienen a la espera del Libro Blanco que está elaborando en este ámbito el Gobierno central y del que se prevé que salga una nueva ley de régimen local. A partir de ahí se elaborará una ley regional en la que se determinen tanto los traspasos de competencias como la delegación de servicios de la Junta a los ayuntamientos extremeños.

LEYES Y TRASPASOS Sobre la ley de consultas populares, que ya existe en otras comunidades como Andalucía o el País Vasco, no parece haber ningún movimiento, como tampoco se ha tenido noticia hasta la fecha de la creación de las instituciones que están pendientes. Sin embargo, la Asamblea de Extremadura ha relanzado la denominada Comisión de Peticiones , que realiza en parte la labor que debería llevar a cabo el Defensor del Pueblo extremeño.

Por lo que se refiere a los traspasos competenciales que aún no se han producido, el artículo 7 del Estatuto de Autonomía señala que la comunidad tiene "competencia exclusiva" en 36 materias, entre las que únicamente no se ha asumido la del servicio meteorológico.

JUSTICIA Y MUSEOS El Estatuto de Autonomía también prevé el traspaso a la comunidad de parte de la Administración de Justicia --sería sobre todo personal e infraestructuras pero nunca el Poder Judicial--, y la única previsión es la anunciada por el ministro del ramo, Juan Fernando López Aguilar, que afirmó que el proceso se completará a lo largo de la actual legislatura (es decir, antes del 2008).

Otro proceso de traspaso competencial que parece que está en marcha es el de los museos estatales, que en la región podría afectar especialmente al Museo Nacional de Arte Romano y a la colección visigoda. Según ha avanzado la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el objetivo es disponer a finales del 2006 o inicios del 2007 de un documento que analice la situación de cada museo para iniciar el traspaso.