La idea de la España de las autonomías de Juan Carlos Rodríguez Ibarra estuvo presente ayer en la segunda jornada de debate en el Senado. El vicepresidente de la Junta, Ignacio Sánchez Amor, defendió la postura de Extremadura con un mensaje que articulaba el discurso que había preparado para la ocasión el presidente extremeño, ayer convaleciente tras sufrir un infarto de miocardio el pasado lunes.
El mensaje fue claro: Extremadura mostró su oposición al debilitamiento de España a favor de las autonomías. "Lo único que no puede ser España es aquello que vaya quedando por un proceso continuado de reforma de los estatutos. España no puede ser un residuo". En ese sentido, el mandatario extremeño argumentó la necesidad de defender un modelo de Estado que garantice los derechos de los ciudadanos y que hoy "es el resultante de la apuesta que hicimos los españoles en 1978".
Ibarra concibió su discurso desde la ida de que las autonomías se han colado "como preocupación en la vida de los españoles", aunque señaló que hay otras preocupaciones en la vida de los ciudadanos, como el futuro de la juventud, la educación o la vivienda, para las que reclamó articular tres sesiones de la Conferencia de Presidentes en las que "analizar y reflexionar sobre estos problemas de la sociedad española".
ESPACIO COMUN En su intervención, el vicepresidente aludió al espíritu de la transición como ejemplo del reconocimiento a la diversidad y de la identidad de los territorios. Sánchez Amor mantuvo la defensa de un "espacio común" en el que es necesario un perfeccionamiento del sistema de las competencias que deben asumir las autonomías, por un lado, y el Gobierno central por otro. "El único camino que me parece negativo es el que pretende conseguir el fortalecimiento de las partes de uno o de los 17 territorios a costa de debilitar el conjunto. (...) La coordinación general y la cohesión nacional deben ser competencias y funciones que jamás un Gobierno español debe perder".
En este proceso, el discurso de Rodríguez Ibarra planteó la necesidad de un Senado que se conciba como un órgano que no ignore la realidad territorial de España y que en la actualidad considera "perfectamente prescindible en su funcionamiento actual". Extremadura planteó así una reforma de la Cámara Alta, la continuidad de las conferencias de Presidentes y la creación de agencias tributarias autonómicas que rompan con el modelo concebido para un Estado que tenía exclusividad de la recaudación y que ayude a ordenar un sistema complejo, con tributos propios, cedidos y compartidos, en el que es necesaria una mayor cooperación y coordinación entre la Administración central y las autonomías.
En referencia al modelo de financiación autonómica, Extremadura criticó las modificaciones sustanciales introducidas como consecuencia de la falta de mayorías absolutas en el Gobierno central. Reformas, según Sánchez Amor, con las que los socialistas no se han mostrado conformes "porque supuestamente los que ganaban --en alusión a las autonomías nacionalistas-- eran los que salían perdiendo".
El vicepresidente extremeño señaló que no siempre los problemas de financiación son consecuencia de una mala financiación, "sino de una mala gestión del Gobierno autonómico".
En ese sentido, aludió a la opción de desarrollo elegida por Extremadura frente a comunidades que optaban por un modelo que ha pretendido reforzar su identidad. Criticó el mandatario extremeño a quienes argumentan la existencia de pupitres informáticos en la región como un ejemplo de "abuso de la solidaridad" y recordó que en su recorrido autonómico, Extremadura renunció a gastos a favor de su identidad (como una TV regional o una policía autonómica), a favor de un modelo basado en la Sociedad de la Información que financia en parte a través de los recursos obtenidos mediante impuestos propios como el de producción y transporte de energía, bancario o solares.
El representante extremeño se desmarcó de la idea de que haya ciudadanos que hagan un sobreesfuerzo fiscal por vivir en un determinado territorio y abogó por una revisión de los costes de las competencias que han sido transferidas a las comunidades, así como dar una mayor libertad a las autonomías para que puedan establecer un recargo en el tramo autonómico del IRPF, "como única forma real de una corresponsabilidad fiscal equitativa" y no una cesión total que conllevaría un mayor desequilibrio territorial entre regiones ricas y pobres.
