La nueva propuesta de reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), avalada el miércoles por la Comisión Europea, supondría para Extremadura una merma de ayudas que rondaría los 230,67 millones de euros en el periodo 2007-2013. El recorte de fondos afectaría a 16.000 de los 75.000 agricultores extremeños que perciben este complemento de rentas.

Pese a que la propuesta se ha suavizado respecto a lo inicialmente presentado por el comisario europeo de Agicultura Franz Fischler, ya que el inicio de los recortes se aplaza del 2004 al 2007, supondría un alto coste para los 15.700 agricultores de la región que perciben entre 5.000 y 50.000 euros al año, que suponen un montante global de 343 millones de euros en ayudas --el 63,4% de lo que se recibe en Extremadura--, y para los 396 agricultores que cobran más de 50.000 euros al año, que se llevan en conjunto 48 millones de euros (el 8,8% del total).

Con todo, para el director general de la PAC, José Luis Quintana, el aspecto más negativo de esta reforma está en que mantiene "el desacoplamiento de las ayudas", es decir, que las cuantías ya no estarán vinculadas ni a la producción ni a los precios, y se darán en función de los llamados derechos históricos , que es lo que se viniese percibiendo antes de la reforma, y cuyo impacto final en el sector es, en estos momentos, "difícil de valorar".

"De este modo, las subvenciones consolidarán las desigualdades y fomentarán la especulación, con la venta de derechos", señaló Quintana, y agregó que "una segunda intención oculta es que pueda plantearse más adelante que si se empieza a dar dinero por no hacer nada, se llegue a la conclusión de que por no hacer nada no hay que pagar y se eliminen las ayudas".

ARRASTAR A LA AGROINDUSTRIA

Al mismo tiempo, el director general de la PAC advirtió de que si las subvenciones se cobran se produzca o no se produzca, muchos cultivos se abandonarán o se cambiarán por otros para los que se necesite menos mano de obra y sean más rentables, con lo que todo el sector se verá arrastrado a una pérdida de puestos de trabajos, con efectos indirectos en la industria transformadora que, en muchos casos, quedará abocada a la desaparición.

Todo ello unido a que el cambio en los cultivos significa alterar el equilibrio actual que contempla ayudas y penalizaciones, según la producción.

Quintana aseguró que tras esta propuesta están las líneas marcadas desde la Organización Mundial del Comercio "y lo que significa la globalización", que contempla trasladar fondos de otros sectores hacia el mundo rural, pero sin ligarlo a los precios y la producción, "con lo que se está haciendo el juego a los Estados Unidos".

Por lo que se refiere a la segunda parte de la reforma, la que contempla una "supuesta modulación", según Quintana, el responsable de ayudas agrarias de Extremadura señaló que "no obedece a otro criterio que no sea el de ahorrar en lo que se destina ahora a la agricultura por parte de la UE".

En cuanto a las reacciones que la nueva intentona de modificar la Política Agraria Comunitaria ha suscitado en España, el director general de la PAC destacó que "ahora mismo todos estamos coincidiendo en que esto es malo, no para Extremadura, sino para todo el país".

Quintana destacó que para que la reforma salga adelante se necesita la unanimidad de todos los Estados miembros, "y me pregunto si el Ministerio de Agricultura español empleará el veto para bloquear esta medida".

El responsable extremeño de la PAC manifestó sus dudas de que el Gobierno central mantenga una posición de firmeza en la negociación, "porque en estos años España ha perdido mucho peso en la UE, y ahora son países como Francia o Alemania los que marcan la pauta".

La propuesta, dada a conocer el miércoles por la Comisión Europea, y que cumple lo pactado en la Cumbre de Berlín en el sentido de no tocar el gasto agrícola hasta el 2006, debe pasar ahora por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.