El recorrido de la futura --y primera-- Ley de Educación de Extremadura, la LEEx, empezó a labrarse hace algo más de dos años. En la primavera del 2007, tras ganar las elecciones autonómicas, el entonces nuevo presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, introdujo en su discurso de investidura la necesidad de borrar la enseñanza del debate político. Para ello se marcaba el objetivo de alcanzar una norma que cumpliera los objetivos de adaptarse a las características propias de la comunidad autónoma y de continuidad en el tiempo.
Consciente de que para lograr esta premisa era necesario aprobar una norma que fuera apoyada por todos, primero ofreció un pacto al único partido en la oposición, el PP, quien ya venía reclamando dicho acuerdo años atrás, y después ofreció a toda la comunidad educativa la oportunidad de participar en el proceso de elaboración de la ley.
Socialistas y populares se pusieron de acuerdo en una serie de principios generales que debían formar la columna vertebral de dicha norma, a partir de los cuáles los técnicos de la Consejería de Educación conformaron un documento de debate que fue presentado hace ahora un año al conjunto de la comunidad educativa, que tuvo seis meses para presentar sus aportaciones. Por entonces, en junio de este año, se firmó el Pacto Social por la Educación con sindicatos y empresarios.
Ayer se dio un nuevo paso. Unas 800 personas, entre inspectores de educación, asesores, directores de centros, sindicatos de profesores, representantes de los padres de los alumnos, y miembros de la administración, se citaron en Mérida para conocer las conclusiones principales de las casi 18.000 aportaciones que ha recibido el documento de debate.
El siguiente peldaño será plasmar dichas conclusiones en un borrador que, tras realizar el trayecto administrativo habitual, se pretende que llegue al parlamento extremeño antes del próximo verano.
