La nueva Unión Europea (UE) ampliada se enfrenta a un doble reto económico y político: la integración de 10 nuevos países con un nivel de renta medio equivalente al 47% de los viejos socios comunitarios y la continuación del proceso de construcción europea con 25 estados con tradiciones políticas y culturales muy diferentes.
La pretensión de Alemania, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Suecia y Austria de congelar el gasto comunitario anual al 1% de la riqueza de la UE, el mismo nivel que cuando sólo había 15 estados miembros, supone la primera amenaza sobre la viabilidad de la UE ampliada. Esa limitación en el gasto impediría a la UE mantener sus actuales políticas y desarrollar las nuevas tareas en las áreas de modernización económica, justicia e interior, así como en defensa y política exterior.
Batalla financiera
La batalla para definir el presupuesto comunitario de la UE ampliada a partir del 2007 comenzará en las próximas semanas y será de una dureza extrema. Los seis países ricos pretenden que España, Portugal y Grecia paguen la factura de la ampliación, mediante un recorte drástico de las ayudas regionales que reciben como países más pobres, hasta ahora, de la UE.
El objetivo de los seis países ricos es destinar esos fondos a los países del Este, para no tener que incrementar su contribución al presupuesto comunitario, pese a que ellos serán los principales beneficiarios de la ampliación y de los nuevos mercados que aporta.
España exige que se mantenga un nivel de ayudas adecuado para sus regiones pobres, parte de las cuales sólo dejarán de serlo por el mero efecto estadístico de la ampliación. Los nuevos miembros del Este, por su parte, temen recibir una ayuda insuficiente para la urgente modernización de sus países, que padecen tasas de paro elevadas, que llegan a superar el 19% en Polonia.
Los bajos sueldos en el Este, junto a la cualificación industrial de su mano de obra y las generosas ofertas fiscales a las empresas, han provocado ya un proceso de deslocalización de industrias de los Quince hacia nuevos socios orientales. Este fenómeno podría intensificarse ahora que ya son miembros de la UE y generar tensiones con los miembros antiguos. La integración de los nuevos países en el euro será una tarea ardua que requerirá años de ajustes y rigor económico.
Aprobar la Constitución
A nivel político, la primera tarea de la UE ampliada es aprobar el proyecto de Constitución europea para evitar la parálisis de las instituciones comunitarias y dar un nuevo impulso al proceso de integración política.
El aumento del número de estados miembros a 25, y en un futuro a la treintena, imposibilita que la UE pueda continuar funcionando con las antiguas reglas concebidas para la Europa de los Seis.
Los principales escollos de la Constitución en proceso de negociación se centran en la reforma institucional: reducción del tamaño de la Comisión Europea, simplificación del sistema de voto en el Consejo de Ministros, distribución de los escaños en el Parlamento Europeo y reducción de las áreas donde puede aplicarse el derecho nacional de veto.
Una posible salida
El espíritu europeísta del nuevo Gobierno español y el cambio del primer ministro polaco pueden facilitar un compromiso sobre el sistema de voto. Pero esto no resolverá todos los problemas pendientes.
Los nuevos miembros y los pequeños países exigen mantener su derecho a tener un comisario en el Ejecutivo comunitario, incluso a costa de convertirlo en un organismo inoperativo. Gran Bretaña, por su parte, se opone a ver reducida su capacidad de veto y, detrás de ella, se agazapan los países temerosos de una integración europea demasiado acelerada.
El crecimiento del Consejo de Ministros a 25 miembros provocará que las fórmulas de consenso tiendan a emerger cada vez más en negociaciones de pasillo, al margen de la sala de reunión. Esto acrecentará el actual temor de los pequeños estados a la consolidación de facto de un directorio de los grandes países o de los países fundadores.
La mayor dificultad para tomar decisiones a 25 también puede impulsar la creación de un núcleo duro de países de vanguardia que decidan acelerar la integración entre ellos, para sortear el freno de los menos europeístas.
La ausencia de un verdadero liderazgo político europeo en los estados y en la Comisión Europea, las limitaciones del eje franco-alemán y el desembarco de los nuevos países con actitudes muy nacionalistas frenará el avance de la UE hacia el objetivo de unión política soñado por los padres fundadores, paradójicamente en el momento en que culmina la reunificación del continente.
La actitud marcadamente pronorteamericana de los nuevos miembros del Este también puede contribuir a debilitar la cohesión política de la UE, cuando más necesita hacer oír su propia voz con fuerza en la conflictiva escena internacional. La debilidad política de las coaliciones gubernamentales de los países del Este es otro factor que dificultará la toma de decisiones europeas en las cuestiones que requieren un consenso total, como la política exterior o la defensa.
El auge de las fuerzas políticas populistas en el Este introducirá un elemento adicional de inestabilidad, que repercutirá en la gestión de la UE. El partido polaco de Autodefensa, por ejemplo, que dirige el euroescéptico Andrez Lepper, puede convertirse en la segunda fuerza del país, según los últimos sondeos.
Los duros ajustes presupuestarios que deberán emprender los países del Este para reducir sus elevados déficits públicos y los sacrificios que eso implicará entre la población reforzarán el respaldo a los partidos nacionalistas y populistas. La nueva Europa ha comenzado a andar, pero el camino está plagado de peligros.
