Paralelamente a los descuentos en las facturas, la Junta puede abrir expediente a las eléctricas en función del nivel de incumplimento de la ley. Hay saciones leves, de hasta 60.000 euros; graves, de hasta 600.000 euros por negarse a facilitar información a la Administración o la interrupción del suministro a servicios públicos esenciales; y muy graves, de hasta 3 millones de euros por fallos reiterados y falta de planes de mejora.
