El Gobierno anunció ayer, por sorpresa, la retirada del anteproyecto de la llamada ley del alcohol, que, entre otras cosas, limitaba en gran medida la publicidad del vino. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, dejó claro que esta "interrupción" tiene un único objetivo, que es el de evitar que esta normativa --destinada en esencia a reducir el consumo de alcohol por parte de los menores-- se convierta en arma electoral.

El anuncio llegó tras la falta de acuerdo con los principales sectores económicos afectados por la ley. Salgado, que reconoció sentir "frustración" por la situación generada con este proyecto, se mostró convencida, pese a todo, de que hubiese sido posible encontrar un equilibrio entre los intereses económicos y la protección de la salud de los menores si no hubiesen interferido las confrontaciones políticas y electorales, apuntó en clara referencia a los comicios autonómicos del mes de mayo.

Desde el PP se reclamó la dimisión de la ministra, al considerar que su proyecto se ha convertido en un "fracaso" al ser desautorizada primero por la sociedad y luego por su propio Gobierno.

Mientras, CiU e IU lamentaban que no haya primado la protección de la salud.

Pero lo cierto es que desde el primer momento la normativa impulsada por Salgado generó un importante nivel de rechazo a todos los niveles, y especialmente en aquellas comunidades con mayor implantación del sector vitivinícola, como es el caso de Extremadura.

Consenso en la región Tanto es así que el 7 de febrero todas las partes implicadas en la región --bodegueros, denominación de origen y organizaciones agrarias-- aprobaron un manifiesto en el que exigían al Ministerio de Sanidad que el vino fuese excluido de las restricciones de la ley y se considerase como una bebida alimenticia.

Este punto de vista fue respaldado tanto por los principales partidos extremeños como por el Gobierno regional, y de hecho ayer mismo el PSOE y la Junta suscribieron un escrito --apoyado por todo el sector-- en este mismo sentido. Mañana estaba previsto, incluso, que este proyecto legislativo estatal fuese uno de los ejes centrales del Pleno de la Asamblea con las iniciativas presentadas en su contra por PP y PSOE.

Tras conocerse la retirada del texto las reacciones no se hicieron esperar. En Extremadura la organización agraria UPA-UCE y los bodegueros, a través de Asevex, mostraron su satisfacción por la decisión. En la misma línea se pronunciaron, entre otros, el PP extremeño a través de su portavoz de Agricultura, Diego Sánchez Duque, aunque manifestando su temor a que se trate de una maniobra electoral, y todas las organizaciones agrarias.

Pero también hubo quien lamentó este paso atrás , como fue el caso de la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceacu), el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid o la Sociedad Española de Medicina General. Todas estas entidades e instituciones criticaron que finalmente hayan primado los intereses económicos por encima de los intereses de los menores.

También las asociaciones de padres de alumnos lamentaron que, a su juicio, hayan primado intereses de partido sobre los de los menores.

Por lo que se refiere a la polémica en sí, la publicidad de las bebidas de fermentación natural (vino, cerveza y sidra) han sido el centro del enfrentamiento, ya que las limitaciones en la publicidad y promoción de los productos provocaron el rechazo del sector productor y empresarial, informa Efe.

Según el anteproyecto de ley propuesto por el Ejecutivo el 15 de septiembre del 2006, su objeto era "la protección de la salud de los menores" al tiempo que califica como bebida alcohólica toda aquella con una graduación "igual o superior al 1,2%".