Los 135 diputados del Parlamento catalán van a notar de manera inmediata otra consecuencia del órdago independentista. La compañía aseguradora SegurCaixa Adeslas, controlada en un 50% por Mutua Madrileña y de la que VidaCaixa posee el 49,92%, ha decidido rescindir la póliza que tenía contratada con la Cámara catalana «como consecuencia de la gravísima agravación del riesgo producida por los acontecimientos ocurridos recientemente en Cataluña».

Y lo mismo sucede con dos pólizas de responsabilidad civil general contratadas por la Generalitat. Una del 2011 y otra de mayo de este año, que ampliaba las coberturas a altos cargos y expolíticos de la Administración catalana, según fuentes conocedoras de los detalles. Una de estas contaba con un coseguro (una forma que tienen las compañías de repartir riesgos) del 30% de Zurich y otro 10% de Fiatc.

La compañía ya se negó a aportar el aval para pagar los 5,2 millones de euros de fianza por la consulta del 9 de noviembre del 2014 (9-N). para el expresidente Artur Mas. La aseguradora interpretó que no se podían cubrir responsabilidades civiles derivadas de posibles actos delictivos.

Según el escrito remitido al departamento de infraestructuras, equipamientos y servicios del Parlament, al que ha tenido acceso este diario, la empresa de seguros comunica que el contrato «queda resuelto y sin efecto alguno de modo inmediato». La carta cita como ejemplo de esa «gravísima agravación del riesgo»” la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica y se ampara en el artículo 12 de la ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro.

Esta póliza fue contratada por el Parlament el 19 de septiembre del 2016 por un periodo de tres años y abarcaba tanto la cobertura de seguro de responsabilidad civil y patrimonial como los daños materiales a todo riesgo. El precio de ambos lotes tenía un presupuesto de licitación de 87.000 euros, pero el valor del contrato ascendió a 174.000 euros sin IVA. Fuentes de la compañía afirman que la rescisión unilateral se debe al hecho de que los responsables del Parlament no notificaron los cambios en el riesgo asumido por la entidad. Y lo mismo ha sucedido con las pólizas de responsabilidad civil de la Generalitat.

Si tanto el Parlamento como la Generalitat hubieran recibido notificación, hubieran podido estudiar y evaluar un cambio o tal vez se hubiera tenido que rescindir igualmente. En todo caso, la ley permite romper la vinculación unilateralmente cuando el beneficiario de la póliza no comunica a la aseguradora el cambio en los riesgos, lo que revierte en la necesidad de modificar las provisiones técnicas ante posibles siniestros.

DECISIÓN «INJUSTIFICABLE» / La decisión de SegurCaixa no ha agradado en absoluto al flanco soberanista. El vicepresidente primero de la Mesa, Lluís Guinó (JxSí), ha calificado de «injustificable» la decisión de la aseguradora y ha avisado de que la Cámara revisará su relación con la empresa.

El diputado nacionalista ha manifestado que se trata de una actuación «claramente política» porque «desde un punto de vista jurídico, no tiene ningún sentido» ya que la ley de transitoriedad fue suspendida por el Tribunal Constitucional y no ha entrado en vigor.

Es más, Guinó ha dado por supuesto que el seguro está vigente y que, «si hay un incidente, deberá responder».