Cetarsa tiene fecha de caducidad como empresa pública. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista mayoritario, ha asegurado a los sindicatos UGT y CCOO que venderá el 80% que conserva en la compañía a un grupo privado antes de que finalice el presente año. Asimismo, el Estado cierra la posibilidad de que cualquier Administración pública pase a controlar la empresa, cuyos 600 de sus 640 empleados trabajan en los cinco centros productivos de Extremadura.

La Compañía Española de Tabaco en Rama es la cuarta empresa con mayor número de empleados en Extremadura, por detrás de Caja Extremadura, Caja Badajoz y Cristian Lay. El anuncio de su privatización ha generado desasosiego en las comarcas de Campo Arañuelo, Alagón y La Veras, en las que unas 4.000 familias viven directamente de este cultivo. Los productores temen que el nuevo grupo que controle Cetarsa, que ahora transforma la mitad del tabaco extremeño, no garantice la adquisición del mismo volumen ni al mismo precio que venía haciendo la empresa pública, según explicó ayer Joaquín Bote, dirigente de UGT.

CALENDARIO CONFIRMADO

El secretario general de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en la empresa tabaquera, Angel Bodes, aseguró ayer que la SEPI ha confirmado personalmente a los sindicatos su intención de completar el proceso de venta de la compañía a finales de este año, de forma que en enero esté ya en manos privadas, informa Efe.

Bodes, que compareció junto a su homólogo de UGT, Santos Ojeda, explicó que, si se cumplen los plazos marcados, en octubre o noviembre ya se conocerá definitivamente el nombre de la empresa compradora de Cetarsa. Asimismo, la sociedad estatal dejó claro, en un encuentro con los líderes sindicales, que pretende que la tabaquera se venda en su conjunto y no por partes y que como mínimo el 51% de su accionariado pase a manos privadas.

Por su parte, los sindicatos plantearon a la SEPI su postura contraria a la privatización y presentaron una alternativa basada en que Cetarsa continúe siendo pública pero en manos de la Junta de Extremadura, que adquiriría el 51% de la empresa, valorada en unos 96 millones de euros.Las fuerzas sindicales quieren plantear esta propuesta al Ejecutivo regional, aunque la respuesta de la SEPI fue negativa porque tiene decidido que Cetarsa pase a manos privadas, por lo que tampoco considera, según los sindicatos, la posibilidad de que los cultivadores pudieran comprar la empresa. Según el calendario marcado por la sociedad, en junio y julio se sentarán las bases del proceso y se mantendrán contactos con las distintas partes involucradas en el sector tabaquero.En cuanto a posibles compradores, los sindicatos coincidieron con el análisis efectuado por la organización agraria UPA-UCE y señalaron a Universal, que opera en España a través de Taes, como la que más probabilidades tiene.Santos Ojeda se mostró pesimista, ya que en la reunión "la SEPI dejó claro que no tiene ninguna intención de que Cetarsa permanezca en el ámbito público" y reconoció que "va a ser muy difícil parar la privatización".