Aligerar las listas de espera tiene un precio, concretamente 8,7 millones, que es lo que el año pasado se destinó a costear las derivaciones de pacientes que tuvo que realizar el Servicio Extremeño de Salud para cumplir con los plazos máximos de respuesta que contempla la ley. Tanto es así, que el volumen de extremeños que fueron atendidos en servicios pertenecientes a la sanidad privada se incrementó un 70% en ese periodo, desde los 28.700 usuarios derivados en el 2016 hasta los 44.066 que habían sido atendidos a finales del pasado mes de diciembre. Como contrapartida, no solo se ha reducido la lista de espera, sino también las reclamaciones de los usuarios por las demoras, que han caído un 27% en el mismo periodo, informan desde la Consejería de Sanidad.

Los conciertos con la sanidad privada en el ámbito de la actividad del SES no son algo nuevo ni extraño, de hecho desde hace más de una década hay un programa destinado a articular esta herramienta de apoyo a los servicios públicos en el caso de las pruebas diagnósticas (el programa Galeno) y algo más reciente, del 2010, es el que se coordina la contratación de intervenciones quirúrgicas que no se pueden llevar a cabo (programa Paracelso) tanto en cuanto a cirugía general como de traumatología. Tanto en un caso como en el otro, se trata siempre de prestaciones sanitarias relativas a procedimientos quirúrgicos o diagnósticos incluidos en el catálogo de prestaciones del SES, que no puedan ser atendidos con los recursos propios del mismo, bien por incremento de la demanda asistencial de forma puntual, o por los tiempos máximos de espera que impone la Ley 1/2005, de 24 de junio, de tiempos de respuesta en la atención sanitaria especializada del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

El reparto del incremento registrado en el 2017 está equilibrado tanto en el caso de las pruebas diagnósticas como en el de las intervenciones y el mayor volumen de derivaciones correspondió, al igual que el año anterior, a las pruebas para diagnóstico (41.790). En todo caso, económicamente fueron mucho más abultadas las 2.275 intervenciones que se llevaron a cabo en la sanidad privada; 5,1 millones frente a los 3,6 de las pruebas médicas.

POR PRUEBAS / El incremento de derivaciones atendiendo a cada una de las pruebas también se reparte por igual, y ninguna de las doce que figuran en la relación aportada por la Consejería de Sanidad destaca sobre las demás por haber concentrado a más pacientes. Sí llama la atención una prueba que se ha practicado en el último año en la sanidad privada y que no figuraba en la relación del anterior. En 2017 hubo 4.170 pacientes que fueron derivados a la privada para una prueba de Plus Contraste (más de 216.000 euros). En todo caso, las resonancias magnéticas nucleares (RMN) continúan a la cabeza en cuanto al coste que supone, el grueso de los 3,6 millones que costaron en 2017 las más de 41.000 pruebas diagnósticas practicadas. Se concertaron 15.373 citas de RMN con un coste de 2,5 millones de euros. A esta prueba le siguen, por su coste global, las ecografías (635.000 euros) que son en todo caso las pruebas que más se derivaron a la sanidad privada en números absolutos: 17.900 a lo largo del último año.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, las más de 2.200 practicadas en la sanidad privada aglutinan una treintena de procedimientos diferentes a lo largo de ese periodo, con un coste de 5,1 millones. La porción más importante del presupuesto se lo llevaron las intervenciones de prótesis de rodilla, que supusieron más de la mitad del total (2,5 millones costaron las 360 operaciones practicadas). Fueron además de las más habituales, por detrás de las operaciones de cataratas (519 intervenciones por 501.525 euros) y las de varices (378 operaciones y 339.000 euros).

un nuevo contrato / Los contratos con la sanidad privada para derivar a pacientes son una de las medidas que articula la ley aprobada en 2005 que establece unos tiempos máximos a la sanidad pública para llevar a cabo todo tipo de pruebas e intervenciones.

Esta norma regula no solo el concierto de pruebas e intervenciones con la sanidad privada, sino que establece que siempre se harán a requerimiento del SES y por el coste que determina el pliego de cláusulas administrativas por el que se rigen estos contratos. «La condición de adjudicatario supone la obligación de prestar una pluralidad de servicios de forma sucesiva por el precio determinado», recuerdan desde la Consejería de Sanidad.

Los contratos se renuevan habitualmente cada año y se encuentran en la actualidad prorrogados mientras se elaboran los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas por los que se regirán las nuevas contrataciones. Se prevé que se publiquen en los próximos meses, para cumplimentar todo el trámite administrativo a lo largo de este año y que pueda estar en vigor el nuevo contrato a principios del 2019.