Los jueces y magistrados de casi una treintena de provincias votaron el 21 de enero sí a la huelga del 18 de febrero, frente a los de otras 25 que optaron por la propuesta de aplazarla al 26 de junio. Esta, dar más plazo para que se atiendan sus reivindicaciones y, de no tener respuesta en seis meses, celebrarla, era inicialmente la de las cuatro asociaciones judiciales --Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), Jueces para la Democracia (JpD) y Asociación Profesional de la Magistratura (APM)--.

Tras posteriores reuniones con el Ministerio, la AJFV y el FJI se sumaron a la convocatoria del 18-F, y constituyeron un comité de huelga de cinco personas en el que delegaron su representatividad muchas de las juntas que apoyan la protesta, entre ellas la extremeña. Como tal, el 6 de enero, sus portavoces notificaron al CGPJ y al Ministerio la convocatoria de huelga, momento a partir del cual, indicarían, "cualquiera de los más de 4.500 jueces y magistrados que hay en España podrá secundar la protesta, al margen de la decisión de las juntas o asambleas de jueces de su partido judicial, provincia o comunidad autónoma".

Y también proponían los que, a su juicio, debían ser los servicios mínimos para la jornada de paro. Como el CGPJ ha rechazado la huelga y, por tanto, el establecerlos, se mantendrán los previstos en la propuesta. Estos, recuerda el magistrado González Casso, miembro del comité de huelga extremeño, serían "todas las actuaciones de servicios de guardia, las causas con preso o detenido, y la tramitación de asuntos urgentes de cualquier tipo".

Cabe recordar que la adecuación de la ratio de jueces a la de la media europea, o lo que es lo mismo, la exigencia de crear 1.100 nuevas plazas de jueces en cinco años para acercarse a ella; la dotación y mejora de los recursos personales y técnicos de los juzgados; seguir siendo los jueces los que fijen las fechas de los juicios; y un incremento retributivo son, en resumen, las principales demandas de los jueces.