Por un efecto contagio. «Si mi vecino se hace una casa allí, ¿por qué no la voy a hacer yo?». Por la sensación de impunidad. «Si a él no le ha pasado nada,...». Por el sentimiento de pertenencia. «Si ese terreno es mío, podré hacer lo que quiera». Porque sí pagan impuestos como el IBI. «Si el Catastro dice que mi vivienda está regularizada y pago por ella, será legal». Por la falta de actuación administrativa. «Si nadie me ha impedido seguir construyendo ni me han dicho nunca nada». Es parte del argumentario de los propietarios de las viviendas en situación irregular que llevan más de 40 años construyéndose sin control por toda Extremadura, según recoge la tesis doctoral que está elaborando el geógrafo Víctor Jiménez. «De forma descontrolada pero con el conocimiento de todos», advierte.
«Esto viene de lejos»
El ejemplo más próximo está en Plasencia, en la Sierra de Santa Bárbara, un espacio no urbanizable común y en algunas partes con una protección especial por razones paisajísticas, y que cuenta con más de 800 viviendas, la mayoría ilegales. «Esto viene de hace 30 años o más. Ahí se ha ido edificando, edificando y edificando. En algunos casos puede que se haya pedido licencia de obras y que el ayuntamiento la haya denegado y ¿por qué se han hecho? Pues porque al lado de una casa había otra, pero como no se ha actuado... Si el día que empiezo la vivienda viene alguien que me impide continuar, me precinta la obra y me multa, no tendríamos este problema», cuenta uno de los vecinos de esta zona de recreo de Plasencia, donde aseguran que ya hace ocho o nueve años no se levanta ninguna construcción. ¿Por qué ya no? «Porque empezaron a ponerse más serios con el tema y es lo que tenían que haber hecho desde el primer día».
«Hay inmuebles que empezaron como una casa de aperos o una vivienda pequeña y que luego se han ido ampliando. Todo lo que es ilegal empieza como una construcción pequeña y acaba siendo una casa grande, que es lo que se está intentando parar ahora».
Pero no es solo cuestión de impunidad. «Lo que siempre nos han dicho en todas las instancias es que iban a regularizar toda la zona con el plan general de urbanismo del 2015, pero luego resulta que aquello no se pudo hacer. Es cierto que no es una justificación, pero nos dijeron que se legalizaría, que había viabilidad y futuro y nos fiamos». Pero llegó la denuncia de un anónimo y empezó un litigio municipal y otro judicial.
Ahora ansían una solución rápida a un problema que tiene a muchos placentinos en vilo. «Nosotros no queremos construir más y por supuesto queremos pagar lo que haga falta para hacer eso urbanizable y legal y que se acabe ya esta pesadilla». Y puede que la solución llegue pronto si la Junta aprueba finalmente una modificación puntual del plan general de urbanismo.
Otros casos en la región
Pero el problema no es exclusivo de Plasencia. El foco también ha estado en los últimos años en Badajoz, en el paraje Los Rostros. Allí, en una zona no urbanizable con protección especial por su carácter agrícola y proindivisa, el asunto llegó a los tribunales y sobre una veintena de construcciones (viviendas, cobertizos, gallineros...) ilegales pesa una orden de derribo cuya ejecución salió en enero a licitación 18 años después de las primeras denuncias.
La orden de demolición afecta también a construcciones irregulares en otras zonas de Badajoz y se han dado casos en varios municipios. Pero el derribo más mediático de todos podría ejecutarse en la Isla de Valdecañas. Allí la situación es diferente y más complicada, pero sobre el complejo de ocio levantado en un espacio incialmente protegido, también pesa una orden judicial de derribo que está pendiente de un estudio ambiental encargado por el TSJEx. No obstante, «el problema de Valdecañas es ínfimo comparado con las viviendas ilegales repartidas por toda Extremadura y que no afectan a grandes promotores sino a extremeños de a pie», concluye Víctor Jiménez.
