Los jueces y magistrados que apoyan el manifiesto por la despolitización de la justicia y la plena independencia y dignidad del poder judicial entienden que esto solo podrá tener efectividad real y duradera si se cumplen siete objetivos "básicos" e "ineludibles":

La elección democrática de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial. Por sufragio directo de los jueces de sus respectivos territorios los presidentes de audiencias provinciales y nacional, y de las salas de gobierno; por las respectivas salas de gobierno los presidentes de los tribunales superiores de justicia; y por sufragio universal directo y secreto por todos los jueces y magistrados del país los 12 vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ.

El mantenimiento en poder de los jueces de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, como la resolución de pruebas y señalamientos, sentencias..., así como toda la instrucción del proceso penal "en tanto su proyectado candidato, el Ministerio Fiscal, no sufra una profunda catarsis orgánica que le garantice su no dependencia del ejecutivo".

La elaboración de una nueva planta judicial conforme a la media europea de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, en lugar de los 10 por cada 100.000 actual "que además computa solo los habitantes de derecho sin tomar en consideración la mayor población de hecho o flotante que tiene nuestro país, tanto por su condición de segundo destino turístico mundial como por el fenómeno de la inmigración".

La inversión en justicia conforme a la media europea del 3,5% del presupuesto, en lugar de 1% actual, y cuyo objetivo se logre progresivamente en un máximo de cinco años.

La inmediata consecución para los jueces de una carga de trabajo simplemente humana hasta tanto no sea un hecho la nueva planta judicial, pues sin este logro "no puede haber nadie que pueda actuar con un mínimo grado de ecuanimidad".

La aprobación de un nuevo estatuto judicial que asegure la efectiva conciliación de la vida laboral y familiar del juez.

La independencia económica, "para que la automática actualización fijada por ley no dependa del arbitrio de cada Gobierno de turno ni haga preciso que los miembros integrantes del Poder Judicial tengan que verse obligados periódicamente a mendigar o presionar su mejora al Poder Ejecutivo".